La fiscalía de San Sebastián denuncia a 30 alcaldes por negarse a colaborar con la 'mili'

Los ayuntamientos guipuzcoanos encabezan la insumisión municipal en el País Vasco. La fiscalía de San Sebastián ha remitido a la Audiencia de esta provincia 30 de nuncias contra otros tantos ayuntamientos por aprobar mociones en las que se niegan a prestar la ayuda necesaria para el reclutamiento de jóvenes que tienen que realizar el servicio militar obligatorio. Las denun cias van dirigidas contra 30 alcaldes, la mayoría de Herri Batasuna (HB) y Eusko Alkartasuna (EA), y las penas pueden llegar hasta medio millón de pesetas de multa e inhabilitación especial de hasta seis años.Las campañas en contra de que los consistorios realicen el servicio de quintas (tallado de los mozos, etc) fueron generalizadas en Euskadi por vez primera por el movimiento antimilitarista a finales de 1990 con el respaldo de los tres partidos nacionalistas vascos: PNV, EA y HB. Para entonces, la estrategia de la insumisión comenzaba a vislumbrarse como una cuña, que con el tiempo se ha hecho más profunda, de deslegitirnación del Ejército. Herri Batasuna y las juventudes de KAS (Jarrai), que en un principio criticaron con dureza la insumisión tachándola de "pequeño burguesa", retomaron esta estrategia como engache entre la juventud vasca ante el éxito de esta campaña antimilitarista. HB inició entonces su propia campaña en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra.Con todo, no es la primera vez que las fiscalías emprenden medidas legales contra los consistorios vascos por este motivo. De hecho, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha revocado en varias ocasiones acuerdos municipales por los que los ayuntamientos se negaban a colaborar con el Ejército en el servicio de quintas y en la extensión del servicio sustitutorio, generando plazas en los consistorios para el cumplimiento de la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

El colchón político que ha supuesto el apoyo de las tres fuerzas nacionalistas a la campaña de insumisión ha posibilitado no sólo la proliferación de ayuntamientos insumisos en Euskadi sino que que el propio Parlamento vasco se pronuncie en dos ocasiones en favor de la de nalización de la insumisión y en apoyo a los insumisos presos. Ahora, la Fiscalía de San Sebastián ha remitido a la Audiencia Provincial un total de 30 denuncias contra otros tantos ayuntamientos (más de un tercio de los 87 municipios guipuzcoanos) por negarse a colaborar con el Ejército a través del servicio de quintas. 14 de los consistorios están regidos por alcaldes de HB, nueve de los alcaldes denunciados pertenecen a EA, dos son de la formación que preside Xabier Arzalluz (PNV), uno, del PSE-EE (Andoain) y cuatro son alcaldes independientes. Entre los consistorios denunciados están desde Orendain (con 166 habitantes) hasta Arrasate (con 25.500), pasando por Hondarribia, Hernani, Oyarzun, Ataun y Aretzabaleta.

A esto hay que añadir la media de 40 a 50 juicios que tramita mensualmente la Audiencia de Guipúzcoa, provincia vasca con mayor número de insumisos, y las 1.000 calificaciones que obran en poder de los fiscales contra una millar de jóvenes guipuzcoanos que se niegan a realizar la mili o la prestación sustitutoria. Las denuncias de la fiscalía se han personificado en los 30 alcaldes por un presunto delito de falta de cooperación con la Administración pública.

En mayo de 1993, Manuel Campos, alcalde de la localidad navarra de Etxarri Arantz y militante de HB, fue condenado a seis años de inhabilitación especial y 100.000 pesetas de multa por la Audiencia Provincial de Pamplona por negarse a reclutar a los mozos para la mili, en la primera sentencia de este tipo. A los ayuntamientos guipuzcoanos les siguen en acuerdos municipales Vizcaya y en menor medida, Alava. Sesenta consistorios vascos se han negado desde 1985 a colaborar con el Ejército.