Las dos velocidades de España

Madrid a amenaza de plante e 14.000 médicos del Insalud para tratar de equiparar sus retribuciones a las de sus; homólogos en las administraciones autónomas ue lo gestionan ha puesto sobre el tapete todo un problema: existen discriminaciones por vivir en unas u otras comunidades? La respuesta general del secretario de Estado de Administración Territorial, Francisco Peña,. es negativa, aunque admite algunos matices. "Desde la perspectiva del modelo de Estado que yo administro, los hechos diferenciales de las autonomías no tienen repercusión competencial ni suponen privilegios".Lo que sucede en estos momentos es que aún existen dos velocidades entre las comunidades autonómas en el ritmo de asunción de competencias o de poder político. Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias siguen llevando la delantera en poder político al resto de las autonomías, llamadas de vía lenta, en las que precisamente junto con las tres últimas citadas se celebran elecciones el próximo 28 de mayo.

La primera diferencia que salta a la vista es que, mientras los presidentes de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía tienen capacidad para convocar sus elecciones autonómicas, en las 13 restantes autonomías se convocan simultáneamente con las elecciones municipales, cada cuatro años, desde la Administración central.

No obstante, en las comunidades autónomas de vía lenta se asiste desde hace unas semanas a una intensificación de las reuniones con el Ministerio de Administración Territorial para proceder a traspasos de competencias, en cumplimiento de los pactos autonómicos de 1992, firmados entre el PSOE y PP, que tendrán como resultado una disminución de las diferencias entre unas y otras comunidades.

Entre 1996 y 1997, todas las comunidades de vía lenta tendrán la competencia en universidades y enseñanza obligatoria. Serán las últimas de las 120 competencias que desde hace meses vienen traspasándose desde la Administración central.

Pero, una vez cumplidos los pactos autonómicos de 1992, ¿qué va a diferenciar a las comunidades de vía rápida de las de vía lenta? ¿Sigue habiendo discriminaciones competenciales?

El secretario de Estado de Administración Territorial admite que la principal diferencia va a estar en el Insalud, de cuya competencia ya disponen siete comunidades: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra. Las diez restantes, no, porque los pactos autonómicos no lo contemplan.

Precisamente, la diferente remuneración de los trabajadores del Insalud por las administraciones autonómicas y la Administración central ha originado la amenaza de plante de 14.000 médicos. El problema no se plantea sólo en el Insalud, Por ejemplo, los policías autonómicos e incluso los municipales perciben mayores retribuciones que los nacionales. Según datos de la CSIF (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios), los trabajadores públicos de las autonomías cobran 10.000 pesetas mensuales más de media (en las escalas inferiores) que en la Administración central.

El secretario de Estado de Administración territorial afirma que ay "unas normas bases para todas las admistraciones", pero admite que "en las retribuciones complementarias ay un amplio margen de discrecionalida".

Asegura que, con el diseño competencial que ofrecen los pactos autonómicos, las capacidades entre unas comunidades y otras van a ser similares, con las escasas excepciones citadas, y las diferencias se van a marcar, sobre todo, por el uso distinto que unas y otras comunidades hagan de sus competencias". Peña lo ilustra con un ejemplo: las comunidades insulares, como Baleares o Canarias, desarrollarán más las competencias relacionadas con las comunicaciones o los muertos, del mismo modo que las que tienen una lengua propia, como Cataluña, País Vasco o Galicia, lo harán en ese sentido.

La única excepción que, a juicio de Peña, provoca sensación de discriminación en algunas comunidades son los conciertos económicos de Navarra y País Vasco. Lo han denunciado los presidentes de regiones fronterizas, como Juan José Lucas, de Castilla y León, y José Ignacio

Pérez Sáenz, de La Rioja. Especialmente este último ha criticado la repercusión negativa en las inversiones en La Rioja por los beneficios fiscales de Navarra y País Vasco.