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La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo

Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era "marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos". La mayoría de encartados habían intervenido en "acciones clandestinas" contra ETA, según el informe.

Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a "desacreditar las fuentes", estudiar lo que "deberá declarar" o "deberá omitir" determinado testigo y enterrar pistas clave. "Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten", revela el informe reservado. "Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo".El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.

Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en "acciones clandestinas" [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.

Guardias investigados

Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.

En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.

La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era "desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas" y, sobre todo, "marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos".

La Guardia Civil estableció "un plan de decepción". Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, "todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista". La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.

Precisamente, Fidel del Hoyo Cepeda, Enrique Dorado, José Guisado, Felipe Ballo Leal y el hoy comandante Angel Vaquero Hernández -entonces jefe de Información en Intxaurrondo y hoy máximo responsable en Murcia-, todos ellos destinados en dicho cuartel en los años ochenta, son algunos de los nombres barajados en el instituto sobre el caso Lasa-Zabala por entender que su testimonio despejará dudas.

Uno tras otro, la práctica totalidad de los guardias y oficiales citados se fueron cayendo del informe Navajas por razones como "la escasisíma credibilidad de las fuentes" o que "no se había podido determinar su relación" con los contrabandistas. Sólo uno de los guardias, Enrique Dorado, fue conducido por la Guardia Civil ante la Justicia por su presunto comportamiento irregular.

"Todo el planteamiento inicial [de Arca de Noé] se efectuó de acuerdo con el entonces teniente coronel Rodríguez Galindo", revela un memorándum secreto. Además, la Guardia Civil reconoce por escrito que el informe remitido al fiscal Navajas con las conclusiones exculpatorias sobre Intxaurrondo "previamente había sido entregado para su estudio y crítica al teniente coronel [Rodríguez Galindo]".

Galindo, su versión y su patrimonio

Los documentos reservados de la Operación Arca de Noé otorgan al entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo un papel clave en el desarrollo de la misma. Supuestamente, el alto mando fue consultado sobre la operación y sus conclusiones, tanto las que le afectaban a él mismo y a su patrimonio como las que afectaban a algunos de sus subordinados. Sin embargo, fuentes próximas a Rodríguez Galindo niegan que supervisara la operación de sabotaje y la investigación de Navajas.La versión de Galindo sobre cómo fue investigado también choca con las afirmaciones reservadas de la Guardia Civil. Mientras Galindo, apoyado en documentos oficiales, asegura que se investigó a fondo su patrimonio, el informe Arca de Noé afirma lo contrario. Irónicamente, el hoy coronel dice que, en todo caso, Egin le investigó en toda España.

La metodología que narra el informe Arca de Noé no deja lugar a dudas sobre cómo fue investigado este mando: "Se llevó a cabo una investigación sobre el patrimonio del teniente coronel Rodríguez Galindo limitándolo al simple examen de los registros de la propiedad de los lugares en que, según la información del fiscal Navajas, tenía bienes e inmuebles, y a buscar el lugar de presentación de sus últimas declaraciones. El patrimonio resultó normal". Oficialmente, sin embargo, la Guardia Civil informó que se habían hecho "las más exhaustivas gestiones en todos los registros".

La investigación del informe Navajas no es la única salpicadura de la justicia que ha caído sobre alguno de los citados en el documento. Enrique Dorado y Felipe Bayo fueron detenidos en 1986 en Irún (Guipúzcoa) por la policía local tras intentar robar un comercio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 1995

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