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LOS PROCESAMIENTOS DEL CASO GAL

Gravedad de los delitos y alarma social

Baltasar Garzón basa su decisión de mantener en prisión a Rafael Vera en la "gravedad intrínseca de sus conductas", la "proximidad" temporal de sus delitos (presuntamente pagó a las esposas de los ex policías Amedo, y Domínguez hasta enero de 1994) y la "alarma social" que sus delitos conllevan. El juez argumenta que no puede modificar la situación de Vera encarcelado desde el 17 de febreropor la gravedad que implica haber distraído dinero público de los fondos reservados -dinero, destaca el instructor, "destinado a garantizar la seguridad de los ciudadanos"- dedicándolo a "finalidades espurias y delictivas que socavan alarmantemente la propia credibilidad del sistema, vista la relevancia de la responsabilidad administrativa del procesado cuando cometió los hechos".El magistrado cifra la responsabilidad civil de los 14 procesados -entre los que incluye a los arrepentidos Amedo y Domínguez- en 1.440 millones, de los que 435 corresponden al ex secretario de Estado. Por el mismo concepto reclama 354 millones al ex secretario de Vera, Juan de Justo, y fija las responsabilidades de Julián Sancristóbal en 80 millones y la de Miguel Planchuelo en 210. Para Amedo y Domínguez determina una fianza conjunta de 40 millones.Garzón ha citado para esta misma mañana a Vera, De Justo, Hernando y Machín, a los que notificará su procesamiento y de los que recibirá declaración indagatoria. Mañana comparecerán los restantes procesados: Amedo, Domínguez, Hierro, Saiz, Coruz Hens, Planchuelo, Alvarez, García Damborenea y Sancristóbal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de abril de 1995