Garzón procesa a Vera por financiar a los GAL

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad recibió ayer un duro mazazo por parte del juez Baltasar Garzón, quien le ha privado de toda esperanza de una próxima salida de la cárcél. El magistrado le procesa, entre otros delitos, por financiar a los GAL con fondos de Interior. Las penas a que podría ser condenado suman 105 años, por lo que, razona el juez, cualquier modificación de su prisión preventiva "es inviable". Garzón notificó el auto de procesamiento a los 14 inculpados en el caso GAL, a los que impone fianzas por 1.440 millones. Aunque se le acusa de fundar la "banda armada% Ricardo García Damborenea salió en libertad tras depositar 25 millones. Juan de Justo salió de prisión después de que el PSOE abonara su fianza, también de 25 millones.

El extenso auto de Garzón -75 folios- es contundente al calificar a los GAL de "banda armada" y al señalar a dos políticos, Julian Sancristóbal y Ricardo Garcia Damborenea, y a dos mandos antiterroristas, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, como sus "fundadores" en 1983. Los cuatro habrían dado este paso para combatir a ETA "con sus mismas armas" y "con el respaldo de algún responsable del Ministerio del Interior". Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez también son procesados, entre otros delitos, por pertenencia a banda armada.El juez, que se basa fundamentalmente en el testimonio de Amedo y Domínguez -condenados en 1991 a 108 años de cárcel-, detalla con particular minuciosidad las imputaciones a Vera, al que mantiene en la cárcel, en tanto que pondera la "intensa y activa" colaboración de los agentes arrepentidos.

Los GAL nacen, según la resolución dictada ayer por Garzón, en septiembre de 1983, en Bilbao, cuando una serie de personas deciden organizar "una estructura capaz de responder a la muy intensa actividad de la organización terrorista ETA militar 'con sus mismas armas' (asesinatos, detenciones ilegales, etcétera), todo ello al margen de los medios legales y legítimos del Estado". "Se trataría, por tanto" prosigue Garzón, "de una organización contraterrorista que utilizaría idénticos métodos ilegales que aquélla y prepararía la ejecución de actos delictivos contra la misma".

En la gestación de esta organización, que posteriormente recibirá el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación, participan presuntamente Julián Sancristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya; Ricardo García Damborenea, secretario provincial del PSOE; Francisco Alvarez, jefe superior de Policía de Bilbao, y Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información en la capital vizcaina, que actúan "respaldados y autorizados por algún responsable del Ministerio del Interior". De este departamento, según Garzón, "salieron los fondos para financiar las actividades contraterroristas del grupo". Posteriormente se integraron Amedo y Domínguez. Los seis son procesados por pertenencia banda armada.

El sistema de financiación de los GAL se basó exclusivamente, según Garzón, en la utilización y desviación de fondos públicos de Interior. Unas veces, dice, se trata de fondos reservados, cuya gestión corresponde al entonces director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera; otras veces proceden de las sumas asignadas al Gobierno Civil o a la Jefatura de Policía de Bilbao, y otras se emplea dinero el presupuesto ordinario, justificando los gatos como generados por la propia actividad policial.Garzón atribuye a Vera la financiación de la primera acción de los GAL, el secuestro de Segundo Marey, a quien los mercenarios contratados por Amedo confunden con el etarra Mikel Lujua Gorostiola. Según el magistrado, antes de llevar a cabo el secuestro, Sancristóbal "exhibe un millón de francos franceses que habían recogido en el Ministerio del Interior". "La procedencia de dicha cantidad necesariamente está, asegura Garzón, en los fondos reservados que a la sazón administraba y distribuía Rafael Vera y que debieron ser entregados por éste, aunque no consta de momento la forma en que lo hizo y, en especial, el origen de las divisas".El juez imputa a Vera un delito de malversación y otro de cooperador necesario en la detención ilegal de Marey; otro de malversación continuada por los pagos mensuales de entre 450.000 y 600.000 pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez mientras éstos estaban en prisión y por el coste (905.000 pesetas) de dos intervenciones quirúrgicas realizadas a las citadas, y otro delito más de malversación continuada por los pagos fraccionados -un total de 200 millones a cada uno de los ex policías- Por estos últimos pagos, realizados en Suiza, también le procesa por cuatro delitos monetarios, al haber exportado divisas.Con las partidas pagadas a Amedo y Domínguez, Vera, según el auto de procesamiento, pretendía conseguir "el silencio de los dos imputados [Amedo y Domínguez] para que no implicaran a otras personas en los hechos" y "pagarles los servicios prestados, so pretexto de que actuaron bajo el manto y con la justificación de la razón de Estado".

El juez considera "inviable". cualquier modificación en la situación de Vera, "al mantenerse el mismo estado de cosas que cuando se acordó su prisión y, además, haberse ampliado el número de indicios contra él". Vera es, precisamente, el único procesado del que el magistrado detalla las posibles condenas que podrían corresponderle por cada delito que le imputa: en total más de 105 años de cárcel.

En contraste con la severidad desplegada contra Vera, el instructor pondera la actitud de los ex policías arrepentidos Amedo y Domínguez, que a su entender "han demostrado su arrepentimiento activo colaborando intensa y activamente con la Administración de Justicia".Según la resolución judicial, cuando sus superiores encomiendan a Amedo que gestione los primeros contactos con policías franceses para que presten el apoyo necesario a los GAL, el policía "no conoce en ese momento la verdadera finalidad de las gestiones encomendadas".Según el auto de Garzón, gracias a Amedo se consiguió evitar el asesinato de Marey, al que Amedo "se opuso enérgicamente amenazando con contarlo todo". En una reunión entre Sancristóbal, Planchuelo, Álvarez y Amedo, el primero informó que tanto él como Damborenea habían decidido "acabar con la vida de Segundo Marey, enterrándolo en cal viva, para lo cual ya habían encargado comprar esa sustancia para echarla en el lugar donde lo sepultarían tras ínatarlo". Garzón señala que "ante la frontal oposición" de Amedo, Sancristóbal y Damborenea decidieron finalmente liberar al detenido.