Interior asegura que prisiones utiliza a un excesivo número de policías

La Secretaría de Estado de Interior y la de Asuntos Penitenciarios están librando una guerra sorda a causa de la custodia policial de los presos que requieren asistencia hospitalaria. La viceministra Margarita Robles, basándose en los informes que le pasa la policía, asegura que esta tarea ocupa a diario a cientos de agentes, lo que compromete seriamente el despliegue callejero del Plan de Seguridad Ciudadana emprendido a comienzos de año. Pero el equipo de la viceministra de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, discrepa de los datos de Interior y asegura que la reforma en el sistema de atención sanitaria a los reclusos detrae ahora menos policías que hace unos meses.

Asuntos Penitenciarios ha decidido reformar el sistema de atención a los reclusos que precisan asistencia médica y para ello ha desmontado su vieja red sanitaria propia. En su lugar, ha optado por firmar un convenio con el Insalud, "atendiendo las reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Comité de Ministros del Consejo de Europa", señala."La necesidad de obtener una adecuada cobertura asistencial especializada para los ciudadanos privados de libertad, su número y distribución geográfica no justifican la creación, por parte de la Administración Penitenciaria, de unos servicios sanitarios totalmente propios", manifiesta David Beltrán, director general de Instituciones Penitenciarias.

Paz Fernández Felgueroso y Carmen Martínez Aguayo, directora general del Instituto Nacional de la Salud, han suscrito recientemente un acuerdo para la prestación médica a los presos por parte de la red sanitaria pública. Como resultado del convenio, en breve se van a construir en diversos hospitales módulos especiales para la atención a los reclusos enfermos. La financiación de estas obras y los subsiguientes gastos clínicos corren a cargo de los presupuestos penitenciarios.

El plan de Asuntos Penitenciarios permitirá reducir el número de policías que ahora deben vigilar las habitaciones de los reclusos enfermos y, además, facilitará el trabajo de los médicos, según fuentes de ese departamento. Éstas agregan que incluso se está diseñando un modelo de cama que impida que la policía pueda amarrar a los pacientes con grilletes, con lo que se les garantiza un trato más digno.

Estalla el conflicto

El cierre del Hospital General Penitenciario de Carabanchel, en Madrid, a lo largo de los últimos tres meses ha supuesto el mayor estallido de la guerra entre Interior y Asuntos Penitenciarios. El primer departamento afirma que diariamente dedica a 500 policías al traslado y custodia de presos enfermos, mientras que Asuntos Penitenciarios sostiene que las conducciones de reclusos de las diversas cárceles de Madrid hasta hospitales se han rebajado de 426 que hubo entre noviembre y diciembre pasados hasta las 3 10 registradas entre enero y febrero. El Carlos III será el hospital de referencia en el que se asistirá a los reclusos de Navalcarnero, Valdemoro, Guadalajara y Alcalá-Meco.

Los gobernadores civiles de varias provincias están transmitiendo a la viceministra Robles duras y constantes quejas sobre el gran número de policías que deben emplear en el traslado y la custodia de presos en hospitales. Los agentes necesarios para esa tarea, según los gobernadores, tienen que ser retirados del patrullaje urbano, lo que impide llevar a cabo el Plan de Seguridad Ciudadana puesto en marcha en enero por el superministerio de Justicia e Interior.

Fuentes de la Dirección General de la Policía denuncian que la situación es especialmente crítica en Madrid y Toledo, ciudad ésta en la que más de la mitad de la plantilla está empleada en dar custodia a los presos. Algo parecido ocurre en Pamplona, donde diariamente hay muchos agentes dedicados a trasladar a hospitales a muchos de los insumisos presos en esa ciudad.

El traslado y custodia de reclusos es un viejo motivo de fricciones entre las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias. Pero éstas han desechado el proyecto elaborado por Antoni Asunción durante su etapa en Asuntos Penitenciarios respecto a crear un cuerpo propio encargado de esta misión.

Pese a que Asuntos Penitenciarios e Interior pertenecen al mismo ministerio -el que dirige Juan Alberto Belloch- el cruce de acusaciones entre ambos departamentos se ha convertido en una auténtica guerra. El equipo de Fernández Felgueroso y el de Robles esgrimen sus propios datos para acusar al oponente de tergiversar los hechos.