PP y nacionalistas se aliaron para intentar tumbar una de las leyes más importantes contra la corrupción

La sorprendente alianza del Partido Popular con los nacionalistas catalanes y vascos estuvo a punto de hacer naufragar en el Senado una de las leyes más importantes contra la corrupción: la de Contratos de las Administraciones Públicas. El objetivo de esta ley, acordado inicialmente por el PP y el PSOE, es adaptar la legislación española a la europea e introducir mayor transparencia en las contrataciones públicas. Sustituye a la de Contratos del Estado, en vigor desde hace 30 años. La votación, al borde de la madrugada de ayer, arrojó 105 votos socialistas a favor, frente a 98 de populares y nacionalistas.

Convergència i Unió (CiU) y el PNV votaron en contra de la disposición final, que reafirma el carácter de legislación básica del el proyecto, por que consideraban que restringía el margen de actuación de las comunidades autónomas.Con anterioridad, el PP había presentado una enmienda en esta dirección que retiró a media tarde. Sin embargo, en la votación final se unió por sorpresa a nacionalistas catalanes y vascos, con la argumentación de que, la ley es insuficiente desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. El proyecto vuelve ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

Ismael Álvarez, ponente del PP, explicó a EL PAÍS que votaron en contra de la disposición final de la ley, que reafirma su carácter básico, por considerar que "el proyecto es insuficiente". "Artículo por artículo, nos parece bien la ley. Pero, al no incluir en la regulación a las empresas públicas, nos parece muy insuficiente, dado el clima de corrupción. Por eso votamos en contra, aunque reconozco que puede inducir a error la votación".

De haber prosperado el rechazo de populares y nacionalistas, habría quedado reducida a cenizas la posibilidad de que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se aplicase en las comunidades autónomas, que habrían quedado al margen de las exigencias y condiciones que regirán para la contratación que realice la Administración General del Estado.

La fórmula buscada infructuosamente por los nacionalistas desatendía, además de las directivas de la Unión Europea, las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se establece el carácter normativo básico en la contratación administrativa.

Al arbitrio de las comunidades

Los nacionalistas pretendían que las comunidades pudieran establecer a su arbitrio las cuantías máximas por debajo de las cuales los contratos se califican de menores, con una tramitación de expediente simplificado; la ejecución y modificación de los contratos; la exigencia de precio cierto; la revisión de precios; la extinción de contratos; la cesión de contratos para subcontratación; las normas de clasificación de contratistas, así como la exigencia de solvencia económica financiera y técnica en los contratos.

Según el ponente socialista Ramiro Cercós, esta pretensión suponía abrir la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios e importantes sectores de la actuación pública en las administraciones autonómica y local. Cercós añadió que "semejante desrregulación básica supondría torpedear la ley en su objetivo primordial de ser un instrumento eficaz para combatir las desviaciones y corruptelas en el ámbito de los contratos de las administraciones públicas y constituye un engaño manifiesto más de la opinión pública a la que tanto nos tiene acostumbrados el PP"

El ponente socialista distingue las actitudes de los nacionalistas y del PP ante el proyecto. A su juicio, los nacionalistas actúan contra él porque creen que es una ley de bases que regula excesivamente la actuación en las autonomías. En cambio, el PP pretende, según Cercós, "predicar una cosa cuando acosa al Gobierno y hacer otra muy distinta cuando gobierna en instituciones autonómicas o locales".

Fuentes de la ponencia de reforma constitucional recuerdan que el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, criticó en su reciente comparecencia este proyecto de ley por considerar que atentaba contra los intereses de las comunidades.

El texto aprobado recoge entre sus principales objetivos la simplificación del procedimiento jurídico administrativo de contratación mediante la. supresión de algunos trámites que se han considerado innecesarios y el establecimiento de algunos preceptos concretos. Para ello, el proyecto aprobado estipula cuál debe ser la competencia y órganos de contratación, el objeto y precio de los contratos, la capacidad y solvencia de los empresarios, la clasificación y registro de empresas, las garantías, la tramitación del expediente, procedimientos de contratación y formas de adjudicación.

El nuevo texto regula también la publicidad de licitaciones y adjudicaciones, y hace una mención más detallada que la norma anteriormente vigente de las causas que constituyen prohibición de contratar. Asimismo otorga una nueva configuración al actual registro de contratos.

Según el Gobierno, la actitud del PP muestra una vez más su incoherencia al exigir para la Administración central controles muy rigurosos que no quieren que existan para las administraciones autonómicas y locales.