Garzón acusa al director de la Policía de falsear las quejas contra Amedo para que no siga en libertad

El juez Baltasar Garzón ha acusado al director general de la Policía, Ángel Olivares, de esgrimir motivos falsos destinados a revocar el permiso penitenciario que por motivos de seguridad disfrutan los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. En un informe que le había requerido la juez de Vigilancia Penitenciaria, Garzón refuta las afirmaciones de Olivares sobre el régimende vida de Amedo y Domínguez, y asegura que ambos, reclusos clasificados en tercer grado, no han incumplido ni una sola vez las condiciones de horarios de permanencia fuera de sus domicilios

El juez considera en su informe a la juez María del Prado Torrecilla que Amedo y Domínguez, al estar en tercer grado, pueden estar fuera de prisión desde las 7.00 hasta las 23.30 de martes a jueves, y sin limitación desde las 7.00 del viernes hasta las 23.30 del lunes. Es decir, sólo tendrían que dormir en prisión cuatro noches.Según Garzón, las supuestas irregularidades nocturnas cometidas por Amedo que se mencionan en el informe policial corresponden a viernes, sábado y domingo, en que Amedo podía elegir libremente sus actividades. Respecto a las de otros días en los que no se citan horas, el ex policía también podía realizarlas si se produjeron antes de las 11.30. El juez añade que, en todo caso, si Amedo hizo algo sin el permiso pertinente, "es responsabilidad de este juzgado, por ello ha sido apercibido".

Garzón asegura que ha existido un solo incumplimiento [de las condiciones estipuladas en el permiso penitenciario de que disfrutan], por lo que no se alcanza a comprender las razones ni la intención última, aunque se intuye, del escrito y nota informativa que se han remitido [por parte del director de la Policía] al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria omitiendo datos esenciales".

El juez, de acuerdo con el fiscal, pide que no se altere la situación de los ex policías, al menos durante el tiempo en que permanezcan abiertas las cinco causas relacionadas con los GAL que se tramitan.

El magistrado considera comprensible que el pemiso a los policías por razones de seguridad pueda resultar "chocante" porque afecta a la sensibilidad de un amplio sector de ciudadanos. Pero, a su entender, "hiere más esa sensibilidad", incluida la suya propia, "el hecho de la concesión de un tercer grado [que fue decidido por el Gobierno] en este y otros casos relacionados con el terrorismo o con la delincuencia violenta, y, sin embargo, se adoptan y han de aceptarse por respeto al sistema legal establecido".

"Pero no es de recibo", añade, "que ahora, por razones de oportunidad, de la misma oportunidad que antes se utilizó en sentido opuesto, se trate de repercutir la responsabilidad de tal hecho sobre el Poder Judicial".

Garzón afirma que el Poder Judicial es garante de la integridad física de los implicados y testigos en una causa, y recuerda la Ley de Protección de Testigos, aprobada en 1994. En su informe subraya que "son falsas las causas que el director general de la Policía aduce en el escrito remitido a la juez de vigilancia penitenciaria", pero señala que no debe alterarse la situación de Amedo y Domínguez porque, aunque fueran ciertas las razones de Olivares, es más importante la seguridad "de estos dos colaboradores de la Administración de justicia" que el "sentimiento de aversión" que la medida puede generar.

Los equipos de protección de los ex policías dieron cuenta de que Amedo, tras despedir a su servicio de escoltas, pasó dos noches fuera de su domicilio, una de ellas en una discoteca muy frecuentada. En otra ocasión se trasladó a un centro sanitario a ver a un amigo, y en otras dos se le descubrió en un restaurante al que acude habitualmente, o paseando a su perro por la noche.

Estos hechos, según el informe policial, originaron "un elevado grado de tensión" en su equipo de protección por el "continuo incumplimiento" de las normas de seguridad.

En respuesta al informe de los encargados de la seguridad de los ex policías, Garzón mantiene que a Amedo y Domínguez no se les puede impedir que "vayan a restaurantes caros o baratos, a discotecas o pubs, a pasear al perro o al gato, o a irse al campo o a pasear con su familia, como cualquier otra persona en tercer grado, sea terrorista o delincuente habitual". Las medidas de seguridad no deben suponer el secuestro de la persona que se protege, arirma.

Por su parte, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, asumió ayer políticamente "sin ninguna duda" la actuación del director de la Policía, que se negó a revelar a Garzón la identidad de los confidentes que contribuyeron a la detención de Luis Roldán. El ministro afirmó en el Senado que la policía no podría cumplir sus funciones si no mantuviera la confidencialidad de sus fuentes e informantes, aspecto que, a su juicio, sirve de sostén al trabajo policial.,

Belloch puso el ejemplo de los periodistas para subrayar que su negativa a revelar sus fuentes no responde a mantener su prestigio profesional o personal, sino que está encaminada a defender un valor general, como es la libertad de expresión.