Granados consigue el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para quitar a Garzón "los papeles de Laos"

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, consiguió ayer lo que buscaba: el respaldo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala a su tesis de que la competencia del caso de los papeles de Laos corresponde a los juzgados de instrucción de Madrid, y no al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Por 11 votos a favor, tres en contra y una abstención, los fiscales de Sala la máxima categoría dentro de la carrera fiscal- consideraron que los hechos que ahora investiga Garzón (la falsificación de documentos supuestamente de los ministerios deJusticia e Interior de Laos, con los que se atrapó a: Luis Roldán) pueden constituir un delito de uso en España de la firma falsa del ministro de una potencia extranjera, previsto en el artículo 270 del Código Penal. Por ello, alegan, su conocimiento corresponde a los juzgados de Madrid, y así lo pedirán.

El criterio, no vinculante, de los fiscales de Sala ha servido a Carlos Granados para reafirmar su criterio de que la competencia de los papeles de Laos no es de la Audiencia Nacional. Ahora falta la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el mis mo asunto, que se conocerá hoy. La Audiencia madrileña resolverá después de que la juez María Tardón, a la que correspondió inicialmente la denuncia presentada por el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, se inhibiese en favor de Garzón por entender que ella no era competente al tratarse de un presunto delito de falsificación cometido por españoles en el extranjero. No obstante, ninguna de las dos decisiones obligará a Garzón a dejar un caso que nunca ha reclamado para sí y que le ha tocado por reparto. De hecho, por ahora únicamente el abogado del Estado de la Audiencia Nacional, Rafael Orbe, le ha: pedido que ceda la investigación, pero a Ana Ferrer, titular del juzgado número 16, y no a la juez Tardón como quiere Granados.

Garzón decidirá

El magistrado mientras tanto ha dado traslado a las partes para que le informen de su opinión. Garzón deberá resolver si se queda el caso o lo remite bien a los juzgados de Madrid, bien al Tribunal Supremo. Esta segunda posibilidad se daría si considerase que hay algún aforado implicado en el delito que se investiga. Contra su decisión cabría recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es en ese momento procesal en el que el fiscal del Estado pretende que se defienda el criterio aprobado ayer.

Granados ganó la votación y también aceptó la renuncia del fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, quien mantenía un criterio diferente respecto a qué juez debía instruir el caso. La solicitud de relevo de Rubira se incluyó en el informe que leyó ante la junta el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda.

El fiscal del Estado, en una actitud muy conciliadora, según alguno de los asistentes, destacó que tanto Rubira como él habían actuado movidos por criterios estrictamente técnico-jurídicos, y añadió que había decidido oír al máximo órgano consultivo de la carrera fiscal en cuestiones de orden técnico para resolver la discrepancia con Rubira y por la necesidad de unificar los criterios contrapuestos por imperativo del principio constitucional de unidad del Ministerio Fiscal.

La votación se resolvió con 11 votos a favor del criterio de Granados, tres en contra los de Miguel Ibáñez, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas; Enrique Abad, fiscal antidroga, y Jesús Vicente Chamorro, de la Fiscalía del Tribunal Supremo- y una abstención -la de José Aranda, superior jerárquico directo de Rubira-

Chamorro y los otros dos discrepantes mantuvieron que lo correcto era mantener la competencia de la Audiencia Nacional porque, en su opinión, se trata de un delito de falsificación de documentos previsto en el artículo 302 del Código Penal y presuntamente cometido en el extranjero. Frente a ellos, Granados sostuvo que el delito se consumó precisamente por el uso en España del documento falso. Debe entenderse, alegó, que el delito fue cometido en España, "dond efectivamente se han utilizado los documentos falsos, con independencia de cuál sea el lugar de su confección, que todavía no consta acreditado".

El criterio del fiscal del Estado, según él mismo hizo público ayer, no se esgrimirá inmediatamente planteando una nueva declinatoria de jurisdicción a Garzón y retirando el informe que el fiscal Aranda presentó en su día al magistrado. Granados puso de manifiesto que hay que procurar evitar cualquier paralización de la investigación de los hechos, por lo que el criterio acordado ayer" se hará valer procesalmente en el momento legalmente adecuado".

Esto quiere decir que si la Audiencia de Madrid decidiese hoy que la competencia es del juez Garzón, la fiscalía estudiaría la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Supremo. En el caso de que Garzón resolviese que él es el competente, la fiscalía de la Audiencia Nacional se vería obligada a seguir el criterio expuesto por Granados y presentaría un recurso en favor de que el magistrado remita el proceso a los juzgados de instrucción de Madrid.