Belloch aprovecha la debilidad de Saavedra para bloquear su reforma de los gobernadores civiles

La debilidad política del ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, frente al titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se ha convertido en el principal obstáculo para que salga adelante el proyecto de reforma de la Administración periférica del Estado, y con él, la regulación de los gobernadores civiles. El Gobierno pretendía negociarlo con CiU antes de la próxima campaña electoral. Pero la polémica abierta por Saavedra al enviar el proyecto de Ley del Gobierno al Poder Judicial sin acuerdo previo amenaza con aparcar no sólo esta ley, sino la reforma de la Administración.La Ley del Gobierno, que pretendía, entre otras cosas, otorgar categoría de miembros del Gobierno a los secretarios de Estado, avanzaba muy lentamente en los debates del Consejo de Ministros. No sucedía lo mismo con la reforma de la Administración periférica del Estado -regulada por el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración (LOFAGE)-, que ordenaba el polémico papel de los gobernadores civiles.

. El proyecto había avanzado sensiblemente en los debates informales del Consejo de Ministros cuando estalló la crisis la pasada semana. El Gobierno había alcanzado el acuerdo de fortalecer la figura de los delegados del Gobierno, tanto política como administrativamente, con la centralización de los servicios de la comunidad autónoma, el monopolio de las relaciones políticas y unas competencias específicas. La más importante de ellas es su mando jerárquico sobre los gobernadores civiles, así como su capacidad para ser escuchados en su nombramiento por el Consejo de Ministros.

Pero también el Gobierno había avanzado en el papel de la figura polémica de los gobernadores civiles, que le había enfrentado internamente, así como con sus socios de CiU, hace aún pocas semanas. Los gobernadores civiles iban a seguir ejerciendo el mando de las fuerzas de la seguridad del Estado en la provincia, pero esa actividad se iba a difuminar al asumir todas las competencias dispersas de las delegaciones ministeriales en el ámbito provincial y adquirir, con ello, el rango de primera autoridad administrativa en la provincia. Con ello se ordenaba la dispersión de tareas tras el alto grado de descentralización del Estado a las autonomías.

El Gobierno acababa de resolver uno de los problemas más importantes que enfrentaban especialmente a Interior y Justicia con Administraciones Públicas desde hacía meses. Belloch había conseguido mantener su mando sobre los gobernadores civiles, en su faceta de jefes provinciales de la seguridad, con una nueva fórmula aceptada por el Consejo de Ministros: el gobernador civil será el delegado provincial de Interior.

A su vez, los delegados del Gobierno, mando superior, a escala de comunidad autónoma, de los gobernadores civiles en la provincia, dependerían de un ministerio horizontal -Presidencia o Administraciones. Públicas-. Con ello se satisfacía la posición del vicepresidente Narcís Serra y la mayoría del. Gobierno. Al estallar la crisis del pasado fin de semana, la polémica estaba centrada en que Belloch pretendía que fuera Presidencia del Gobierno, el órgano de mayor tango del Ejecutivo, el mando jerárquico de los delegados del Gobierno. El ministro Jerónimo Saavedra, respaldado por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, que pretendía descargar de funciones a Presidencia, defendían la tesis de que ese órgano Jerarquico fuera Administraciones Públicas.

El Gobierno confiaba en convencer a CiU de la bondad de la fórmula. Aunque inicialmente los nacionalistas catalanes eran partidarios de la supresión de la figura de los gobernadores civiles, el Gobierno tenía esperanzas en que transigirían con una fórmula que sacaba a los gobernadores civiles de la actividad específica de Interior, burocratizaba su cargo, al dirigir la Administración del Estado en la provincia, y potenciaba políticamente a los delegados de Gobierno en la comunidad autónoma.

Pero la crisis del pasado fin de semana, que ha puesto en entredicho la autoridad política del ministro para las Administraciones Públicas, ha endurecido las posiciones en el Consejo de Ministros. Belloch se reafirma ahora en que debe ser Presidencia del Gobierno y no Administraciones Públicas quien se responsabilice de la estructura de mando de los delegados del Gobierno. El debate continúa abierto en el Consejo de Ministros y no es fácil que pueda cerrarse antes de la campaña electoral. El Gobierno teme de ese modo abrir un flanco de seria crítica de sus socios nacionalistas catalanes.