El fiscal pide una pena de 13 meses de cárcel para Marco

El ex dirigente socialista José Marco, presidente de Aragón desde septiembre de 1993 hasta enero pasado, se enfrenta a una pena de 13 meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta, según las conclusiones del ministerio público, por los supuestos delitos de malversación de caudales y falsificación de documentos. Así se refleja en el informe del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Alfonso Arroyo, instructor de la causa. En el sumario figuran inculpadas otras dos personas por dar cobertura a la operación. Las defensas solicitan la libre absolución, de sus patrocinados.Las diligencias contra Marco comenzaron a instruirse a raíz de ser nombrado jefe del Ejecutivo regional, aunque los presuntos delitos se cometieron en su etapa de presidente de la Diputación de Zaragoza y alcalde de Pedrola. Un empresario de material de oficina, Adolfo Blanco, también inculpado, denunció que el entonces dirigente socialista se había hecho instalar en su domicilio un sillón de despacho valorado en 77.997 pesetas justificando su pago con dinero público. Para enmascarar la acción se redactó, siempre según el fiscal, una factura simulando que correspondía a la reparación de unas sillas del patrimonio provincial. Sin embargo, la firma suministradora no está capacitada para realizar trabajos de restauración de muebles antiguos.

Marco reaccionó negándolo todo, incluso la existencia del sillón, y ordenando supuestamente la retirada de publicidad del primer medio de comunicación que se hizo eco de la denuncia. Desde su entorno se aseguró que el denunciante, que ahora se arriesga a cuatro meses de arresto y 50.000 pesetas de multa como encubridor, había actuado por venganza al no haber podido tener acceso al amueblamiento de unas dependencias oficiales como pretendía.

El tercero de los procesados es el arquitecto de la institución provincial, José María Valero, que visó con su firma la factura irregular. Para él se piden seis meses de prisión menor y otras 50.000 pesetas.

La solicitud más elevada, aunque queda por establecer la calificación de la acusación particular, es para Marco, que, al carecer de antecedentes penales, no se vería obligado a ingresar en prisión. La pena de inhabilitación absoluta es considerada en medios jurídicos como "dura y ejemplarizante", ya que lleva consigo hasta la suspensión del derecho de sufragio.

Marco está pendiente de, al menos, otro proceso penal por haber realizado, presuntamente con fondos públicos, espionaje a varias personas y entidades aragonesas.