La ampliación del fuero penal del Gobierno es "una chapuza", según la comisión de estudios

La comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial CGPJ) rechazó por "chapucero" el anteproyecto de ley del Gobierno, según supo ayer este periódico, aunque las conclusiones de dicha comisión fueron declaradas secretas por su presidente, Juan Antonio Xiol. Sin embargo, Xiol está dispuesto a informar al pleno del CGPJ del próximo 5 de abril, si así se lo pide, sobre los acuerdos adoptados el pasado miércoles, antes de conocer el desistimiento en el informe solicitado por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra.

La comisión rechazó de plano el anteproyecto de ley del Gobierno -que algunos medios confunden con un viejo borrador de Ley Reguladora del Gobiemo de la Nación- por considerarlo "una chapuza" e "inconstitucional". Según las mencionadas fuentes, el borrador está viciado desde sus primeros artículos al no definir claramente quienes son miembros del Gobierno y establecer una distinción entre "ministros de primera (los ministros ejercientes) y de segunda, los secretarios de Estado", dijeron.Uno de los objetivos del anteproyecto, extender el aforamiento a los secretarios de Estado para que los actos punibles cometidos por éstos en el ejercicio de su cargo fueran juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fracasa porque no les otorga las características que necesariamente les deben definir como pertenecientes al Gobierno. Las citadas fuentes indicaron que el Gobierno puede otorgar el aforamiento "a quien le dé la gana, siempre que defina claramente el sujeto de la ley, es decir, quién considera miembro del Ejecutivo, y le dé las características de tal".

La comisión tomó como base un informe de 50 folios elaborado por un constitucionalista del Consejo.

Fuero vitalicio

El anteproyecto no incluye el calificativo de "vitalicio" para el aforamiento, pero sí establece que éste se mantendrá después de que los miembros del Gobierno dejen de serlo. "Esa protección de por vida no es necesaria en absoluto, ya que todos los delitos tienen una prescripción", informaron las citadas fuentes.

Tampoco establece expresamente que la ley vaya a aplicarse con carácter retroactivo, "aunque sí prevé una retroactividad en el futuro", explicaron, "para los actos cometidos por miembros del Gobierno que resulten inculpados después de abandonar el cargo". Entre las incorrecciones técnicas, los comisionados observaron que el artículo 19 prevé "que el presidente del Gobierno refrende su propio cese, lo que es totalmente absurdo", dijeron.

Xiol confirmó que el debate versó sobre el texto prelegislativo en su integridad, dado que "como órgano constitucional, al CGPJ le corresponde informar sobre los anteproyectos de leyes que afecten a las competencias de jueces y tribunales y también a los derechos fundamentales", explicó.

Ante la retirada del anteproyecto, se decidió no redactar el proyecto de informe, cuyos ponentes designados eran el propio Xiol y Ana Pérez Tórtola, por ser magistrados especializados en lo contencioso-administrativo. Además de ambos, asistieron a la reunión los vocales Rafael Sarazá y Luis Pascual Estevill. José Antonio García Caridad, ausente, fue informado por Xiol y asumió lo acordado.

Una vez conocido, a través del presidente del CGPJ, Pascual Sala, hacia las 13,30 horas del miércoles, el desistimiento de Saavedra, los comisionados" según Xiol, llegaron al "acuerdo unánime de que el criterio de oportunidad política para someter a informe del CGPJ un anteproyecto de ley corresponde al Gobierno". En consecuencia, paralizaron la elaboración del informe, si bien acordaron dar cuenta al pleno, si éste así lo pide, de sus conclusiones, que no van a ser redactadas por el momento.

Xiol no quiso pronunciarse ayer sobre si es o no procedente que el CGPJ emita una declaración institucional sobre el anteproyecto de ley. Recordó que el cometido de la comisión es preparar proyectos de informes y que, en lo demás, "el competente es el pleno".