El PNV, contra el tratamiento penal atenuado a jóvenes entre 18 y 21 años

Emilio Olabarría, representante del PNV en la ponencia que dictamina el proyecto de Código Penal, se muestra contrario al tratamiento previsto para los delincuentes jóvenes, entre los 18 y los 21 años. El. proyecto fija la responsabilidad criminal, o mayoría de edad penal, en los 18 años, frente a los 16 del Código Penal vigente, pero en su artículo 69 prevé que "al mayor de 18 años y menor de 21 que cometiere un hecho delictivo podrán aplicársele las disposiciones de la Ley penal juvenil y del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga".

Esta previsión alarma al PNV ya que, según Olabarría, la ley penal juvenil "busca la reinserción con medidas que en muchos casos son casi ejercicios espirituales, mientras que en esta franja de edad se constatan fenómenos de delincuencia creciente, con características de violencia y crueldad de alta intensidad".

Para el diputado del PNV es necesaria "mucha cautela, porque se corre el riesgo de poner en la calle a jóvenes delincuentes de altísima peligrosidad social".

Cumplimiento de las penas

Tampoco admite el PNV, lo mismo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC), la fórmula para el llamado cumplimiento íntegro de las penas.

El PP insiste en este aspecto y el texto enviado por el Gobierno establece en su artículo 79 que, en deteminados supuestos y para los delitos de homicidio, algunas lesiones, agresiones sexuales, detención ilegal, torturas, delitos contra la salud pública [tráfico de drogas], rebelión, sedición y terrorismo "los beneficios penitenciarios y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias".

Según este texto, los beneficios penitenciarios para un terrorista condenado a un total de 180 años de cárcel habría que calcularlos sobre esa cifra y no sobre el tope máximo de cumplimiento de condena, que el proyecto fija en un máximo de 30 años.

Para el diputado del PNV esta previsión "vulnera expresamente el artículo 25 de la Constitución, que establece para todas las penas que su sentido esencial es la reinserción. Los códigos modernos", según Olabarría, "no son vengativos, sino reinsertadores, y por muy repugnante que haya sido su conducta no se puede someter a determinados colectivos a una discriminación que también vulnera el principio de igualdad ante la ley'.

Javier Barrero, portavoz del PSOE en la comisión de Justicia e Interior, dijo ayer que su grupo busca una fórmula que evite la posible inconstitucionalidad.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer en Sevilla, donde clausuró unas jornadas sobre el proyecto del nuevo Código Penal, que quienes piden el cumplimiento íntegro de penas pretenden "regresar 200 años atrás en la historia para aplacar los supuestos deseos de venganza de una sociedad previa y artificialmente escandalízada".