Los fiscales se enfrentan a Granados por la competencia de Garzón en los 'papeles de Laos'

Los fiscales de la Audiencia Nacional no se han sublevado, pero se han enfrentado al fiscal general del Estado, Carlos Granados, dándose un tiempo antes de cumplir sus órdenes. Quieren que el juez Baltasar Garzón siga instruyendo el caso de los paeles de Laos, al menos hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el asunto. Su renuencia tiene que ver con quién debe ser el magistrado competente para investigar la presunta falsedad de los papeles que permitieron la captura de Luis Roldán: Ana Ferrer, Baltasar Garzón o María Tardón. El caso está cada día más embrollado, puesto que Granados quiere que sea Tardón la que investigue; el abogado del Estado pretende que la instructora sea Ana Ferrer, y los fiscales de la Audiencia y los restantes abogados personados creen que Garzón es el competente.

Lo que en principio debería ser un mero incidente procesal se ha convertido en toda una batalla jurídica en toda regla. En un primer momento, después de que Laos anunciara que los documentos por los que se entregaba a Roldán eran falsos, el abogado Marcos García Montes, en representación de José María Ruiz-Mateos, presentó una querella en la Audiencia Nacional por entender que era el órgano competente, por tratarse de un delito presuntamente cometido por español en el extranjero. Los papeles supuestamente fabricados en Laos y firmados por Roldán fueron entregados en el aeropuerto de Bangkok a los policías españoles.Los fiscales de la Audiencia Nacional presentaron una denuncia que fue acumulada a la primera querella y, por reparto, le correspondió a Garzón.

Los abogados de Roldán presentaron otra denuncia en el juzgado de guardia, que tras el correspondiente reparto correspondió al juzgado número 11 de Madrid, cuya titular es María Tardón.

Esta juez decidió remitir el caso a Garzón por creer que él era el competente en el caso. El fiscal de la Audiencia Provincial, Mariano Fernández Bermejo, recurrió la decisión, en la creencia de que Tardón era quien debía instruir la causa. La magistrada, por segunda vez, resolvió en favor de Garzón. El fiscal recurrió de nuevo, esta vez ante la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado.

En el ínterin, Carlos Granados convocó a los fiscales de la Audiencia Nacional y les ordeno, primero verbalmente y después por escrito, que tras el fallo de la Audiencia Provincial pidiesen a Garzón que se apartase del caso de los papeles de Laos en favor de la juez Tardón.

Pero la semana pasada, el abogado del Estado, Rafael Orbe, se personó en la causa que tramita Garzón y lo primero que hizo fue instar al magistrado a remitir todo lo instruido a la juez Ferrer, porque la falsificación de los papeles es un incidente más del proceso principal, que investiga la juez.

Garzóñ dio traslado a las partes para que informasen si debía inhibirse o continuar con el caso. Los abogados de Roldán y de Ruiz-Mateos ya se han pronunciado en el sentido de que el juez es el competente por tratarse de delitos supuestamente cometidos en el extranjero.

Faltaba la fiscalía. Era el momento de cumplir las órdenes por escrito del fiscal general. El propio Granados se lo recordó ayer por teléfono. Sin embargo, y tras convocar una junta de fiscales sobre el asunto, el fiscal adscrito al caso, Pedro Rubira, le remitió un escrito en el que le indicaba su disposición a acatar sus órdenes, pero agregaba que no podía cumplir sus instrucciones de inmediato, porque Granados precisaba en su escrito que debían pedir a Garzón que se inhibiese, una vez que se hubiese pronunciado la Audiencia Provincial, y ésta, todavía no lo ha hecho.

Mientras tanto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, de acuerdo con el criterio de la junta, decidió contestar el informe solicitado por Garzón. La fiscalía no se pronuncia sobre la competencia del juez para instruir el sumario, sino que solicitó al magistrado que reclame testimonio a los juzgados 11 y 16 de instrucción, de Tardón y Ferrer, respectivamente, sobre sus actuaciones, para una vez estudiados, adoptar una decisión.

El fiscal jefe precisa que la investigación no debe interrumpirse, por lo que sugiere que Garzón continúe con el caso hasta que se decida a quién corresponde. Aranda rechaza que las investigaciones sean declaradas nulas, en contra de lo solicitado por el abogado del Estado.