Los populares europeos quieren recortar el voto por unanimidad en la UE
JUAN CARLOS GONZÁLEZ. Un mayor número de decisiones de la Unión Europea (UE) deben ser tomadas por mayoría, en detrimento de la unanimidad. Este fue uno de los hilos conductores de las intervenciones de la Conferencia interparlamentaria del Partido Popular Europeo (PPE), encargada de precisar la postura de este partido ante la Conferencia Intergubernamental (CIG) de 1996, que reformará el Tratado de la Unión. El presidente del Partido Popular, José María Aznar y, secretario general de Unió Democrática de Catalunya, Josep Duran Lleida, intervinieron en este sentido, con tesis muy próximas a las que defiende el Gobierno español.
Aznar señaló en su discurso que "con 30 miembros, la unanimidad equivale a una garantía de parálisis". El presidente del PP también defendió la política de cohesión a pesar de que en 1992, en la cumbre de Edimburgo, marcó sus distancias con el Gobierno. "La integración sólo podrá avanzar si se refuerza el principio de solidaridad. Sin política de cohesión, Europa difícilmente será algo distinto a una suma de mecanismos gubernamentales", dijo. Por su parte, Duran Lleida señaló que la "Europa unida tiene que ir prescindiendo del requisito de la unanimidad". Estas posiciones son algo más matizadas que las que defendía el polémico documento de los democristianos alemanes del pasado otoño y entroncan con las del Ejecutivo español. Aznar también coincidió con el Gobierno al defender que en la ponderación del voto se incluyan criterios de población, a lo que se oponen los paises pequeños.
El jefe de la oposición española defendió la unanimidad en asuntos como la reforma de los Tratados, manteniendo una mayoría reforzada en algunas acciones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), una aproximación muy similar a la defendida por la eurodiputada socialista francesa Elizabeth Guigou en su documento de base para el Grupo Socialista del Parlamento Europeo.
El ministro francés responsable de Asuntos Europeos, Alain Lamassoure, hizo hincapié en este línea al afirmar gráficamente que "cuanto más numerosos seamos, más comunitario deberá ser el sistema de decisión". "Actuar intergubernamentalmente a treinta supone reinventar la Sociedad de Naciones", sentenció.
El primer ministro belga, Jean-Luc Dehaene, se mostró partidario de ampliar la aplicación de la mayoría cualificada. Y sostuvo que la Conferencia Intergubernamental no puede servir, en ningún caso, "como coartada para retrasar la aplicación del Tratado de Maastricht".
Dehaene defendió que "las. tentativas que pretenden introducir criterios de convergencia menos estrictos no sean aprobadas". Justo la posición contraria a la de Duran Lleida, quien sostuvo la necesidad de "ajustar los criterios de convergencia que se fijaron entonces [en Maastricht] a las realidades económicas surgidas de la profundísima recesión que se ha vivido después".
Por su parte, el presidente del Partido Conservador británico, Jeremy Hanley, no entró en ninguna de estas cuestiones. Se limitó a insistir en la necesidad de que la UE incluya a los antiguos países comunistas del Este.
