El arma de la ley

NO SERÁ posible acabar con el terrorismo de ETA sin la existencia de un cortafuegos que impida su reproducción a partir de nuevas levas de adolescentes radicalizados. Para ello es necesario que la actuación antiterrorista del Estado se desarrolle en el marco de la legalidad. Pero es imprescindible además acabar con la sensación de impunidad que rodea al mundo del radicalismo abertzale. Será difícil que los jóvenes tentados por ese radicalismo renuncien a expresarse mediante la violencia mientras vean que personas conocidas, dirigentes de un partido legal como es HB, pueden permitirse amenazar a jueces, periodistas y público en general, o realizar llamamientos explícitos a la violencia, amparándose en las siglas de una ilegal coordinadora KAS sin que ocurra riada. Es más: sin que deje de considerárseles unos personajes.El pasado jueves, esa coordinadora hizo un llamamiento público a "hacer frente, con todas las armas posibles, al Estado terrorista español". En el llamamiento se consideraba que la lucha armada era "una obligación ética y política ineludible", se acusaba de complicidad a los partidos democráticos y se establecía un paralelismo entre la Ertzaintza y la policía política de Pinochet. En los tres días siguientes se registraron en diversas localidades del País Vasco decenas de ataques violentos: contra 17 oficinas bancarias, cuatro sedes del PNY y una del PSOE, varios coches particulares, numerosos comercios y cabinas telefónicas. Cinco de los 17 agentes autonómicos que resultaron heridos tuvieron que ser hospitalizados, uno de ellos, así como una joven viandante, se encuentra en estado muy grave.

Es lamentable que aún sea necesario decirlo: intentar calcinar a siete personas no es ejercer el derecho a la libertad de expresión; incitar a quemarlas, tampoco. Por ello tiene razón el Departamento de Interior del Gobierno vasco al considerar que la mejor respuesta a las agresiones sufridas por la Ertzaintza es "evitar la impunidad de los agresores": ya han sido detenidos tres sospechosos en Rentería.

Por otra parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que acababa de presentar una denuncia contra 13 miembros de la coordinadora KAS bajo la acusación, entre otras, de incitar al asesinato de periodistas, podrá ahora completar su requisitoria con la de incitación a la violencia. El delegado del Gobierno ya ha presentado una denuncia en tal sentido, mientras que el Gobierno vasco lo ha hecho contra la organización juvenil Jarrai, cuyos, portavoces felicitaron el lunes a la "juventud vasca" por su participación en los incidentes del fin de semana, con especial mención a los pirómanos de Rentería.

Que se aplique la ley. Porque es justo, pero también porque es una exigencia de la política democrática contra la violencia. Quienes acostumbran a manifestarse al grito de "ETA, mátalos" actúan como si su proximidad a los terroristas les concediera una bula especial para hacer ciertas cosas que no se toleran a otros ciudadanos. Se podrán discutir las razones de que tal cosa ocurra y debatir las responsabilidades de cada cual -autoridades, jueces, partidos, medios de comunicación- en que se haya llegado a ese punto; pero es un hecho que la minoría violenta ha interiorizado como un derecho su inclinación a quemar autobuses, destrozar oficinas bancarias o calcinar policías. Esa convicción incluye, al parecer, la obligación de los demás ciudadanos de soportar sus abusos (y los ertzainas, concretamente, la de dejarse quemar vivos por el bien de la patria).

Tal conciencia de impunidad es decisiva en la reproducción generacional, desde la adolescencia, del mundo de la violencia; pero es también un poderoso factor de desmoralización (y desmovilización) de los ciudadanos respetuosos de las leyes y opuestos al terrorismo. Por eso, tan importante como combatir a los terroristas, y hacerlo sin desbordar el marco de la legalidad, es acabar con la impunidad de quienes se consideran autorizados a no respetar ley alguna. No se trata, por tanto, de ilegalizar a HB, como a veces se ha planteado, ni de dispensar a sus dirigentes un tratamiento especial. Todo lo contrario. Lo que procede es aplicarles la norma general: la ley. Medida más que pertinente que apenas se había intentado hasta el presente.