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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Desastroso éxito

EL EX ministro Barrionuevo tardó 48 horas en abrir la boca después de que la sociedad española quedara sobrecogida por la noticia de la identificación de los cadáveres de dos etarras secuestrados por los GAL cuando él era ministro del Interior. Cuando lo hizo, después de que el presidente del Gobierno le respaldara públicamente, fue para decir que no se le había "pasado por la cabeza" la idea de dimitir. Señaló que la dimisión sólo estaría justificada por motivos subjetivos, y que su conciencia no le dice que "haya hecho nada irregular", o por motivos políticos, cuya apreciación correspondería "al partido y al grupo parlamentario". Que su conciencia, a la que erige, en juez y parte de su causa, no encuentre nada que reprocharse es lo más alarmante de la actitud de Barrionuevo. Si quien era máxima autoridad política de la lucha antiterrorista cuando Lasa y Zabala fueron secuestrados, seguramente torturados durante meses y finalmente asesinados tiene la conciencia tranquila es que carece de ella. Pues o no se enteró, en cuyo caso su incompetencia es notable, o sí se enteró, y no hizo nada, en cuyo caso merecería calificativos que preferimos no formular.Desplazar a su partido la apreciación de los posible motivos políticos de dimisión es una forma de esquivar la cuestión. Es el carácter personal y espontáneo de la decisión lo que le da valor de gesto político: el de reconocer una responsabilidad política, al margen de que se admita o no una culpabilidad subjetiva en los hechos. Y resulta manifiestamente ventajista remitir la decisión al partido un día después de que su secretario general elogiase su "buen hacer" como ministro de Interior.

Opinión esta del presidente, por lo demás, extremadamente discutible. Con lo que hoy sabemos es delirante decir que Barrionuevo fuera un buen ministro del Interior, al menos en el aspecto de la lucha antiterrorista. Por mucha comprensión que se tenga hacia las dificultades del cargo, y aun admitiendo que hoy hay mayores exigencias éticas a los comportamientos de los políticos que hace 10 años, no puede dejar de reconocerse la responsabilidad de Barrionuevo en el origen de un desastre que sólo hoy se hace evidente en toda su extensión. Si González insiste en su apoyo habrá que pensar que tampoco él ha entendido lo que de verdad ha supuesto, para la lucha antiterrorista, para el prestigio del Estado y para la salud del sistema, la aventura iniciada el día en que alguien decidió imitar los métodos mafiosos de ETA para combatirla.

Es cierto que han pasado 12 años desde el secuestro de Lasa y Zabala y casi 10 desde que alguien ordenó detener esa guerra sucia; pero será difícil que, no ya los tribunales, sino los ciudadanos, archiven lo ocurrido mientras nadie se haga responsable de esa fatal dinámica. Cierto, el objetivo era acabar con un enemigo que jugaba con la ventaja de no tener que someterse a código alguno de conducta. Y la impunidad de que disfrutaba ETA en Francia era intolerable. Pero erraron gravemente quienes pensaron que un Estado democrático puede comportarse como si no lo fuera, restaurando la pena de muerte a voluntad y prescindiendo de la legalidad con pretensión de impunidad.

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Ello supuso perder el control de la lucha antiterrorista a favor de aventureros sin escrúpulos, siempre dispuestos a chantajear al poder político. Además, la necesidad de tapar aquello que podría ser utilizado por los propagandistas del terror fue la coartada para la extensión de la corrupción. Y no evitó que esos propagandistas utilizaran, de todas formas, la corta existencia de los GAL para justificar retrospectivamente los crímenes de ETA y renovar los argumentos a favor de su continuidad.

La coordinadora KAS, el organismo que dirige el entramado de la violencia, ya ha aprovechado la emoción del momento para concluir, en un comunicado, que, frente a un Estado capaz de semejantes crueldades, la lucha armada no sólo está amparada por el "derecho de legítima defensa", sino que es una "obligación ética". Por supuesto que tales elucubraciones son una desfachatez. Pero nada estimula tanto la reproducción generacional del terrorismo como cualquier signo que otorgue credibilidad a su discurso de las dos violencias simétricas. De manera que incluso concediendo que la existencia criminal de los GAL influyera en el desmantelamiento del santuario etarra, fue al mismo tiempo un factor decisivo en la perpetuación del tinglado de que se nutre ETA y que en 1983 se encontraba, tanto electoralmente como en su influencia social, en el momento más bajo de su historia. En eso consistió el éxito de una política antiterrorista, dirigida por Barrionuevo, que se quiso compatible con la guerra sucia. Enlodó al Estado y nos deja una catastrófica herencia.

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