SOS Burundi

Cualquier persona que siga con un mínimo de atención lo que ocurre en Burundi en los últimos meses llegará a la conclusión de que en este pequeño país se dan ahora todas las condiciones para que en cualquier momento estalle un enfrentamiento de grandes dimensiones, similar incluso al de Ruanda durante el pasado año. El reciente asesinato del ministro de Energía es un gravísimo aviso de que se avecina una matanza generalizada, quizás un nuevo genocidio. De momento ya se han producido más de 50.000 asesinatos en el último año y medio.Como en Ruanda, la lucha que enfrenta a algunos sectores hutu y tutsi es una lucha por el poder político. La diferencia es que en Burundi el poder y el Ejército han estado tradicionalmente monopolizados por la minoría tutsi, y sólo desde hace año y medio el poder político (no el militar) está en manos de la mayoría hutu, aunque de una forma extraordinariamente precaria e inestable, ya que, al igual que la Ruanda de hace un año, hay sectores que no están dispuestos a compartir el poder político y los privilegios adquiridos, y atizan el odio hacia la otra comunidad.

La tensión está al límite, hasta el punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha advertido a Uprona, el partido de los tutsi, de su actitud irresponsable, señalando el riesgo de que todo estalle en cualquier momento y de la forma más cruel. A principios de 1994, y en una coyuntura similar, la comunidad internacional no supo reaccionar a tiempo en Ruanda. Ya sabemos lo que ocurrió después. En Burundi, a pesar de las repetidas llamadas y avisos de Amnistía Internacional y de organizaciones humanitarias a lo largo de todo el año 1994, parece que se ha decidido no intervenir de ningún modo serio. Ni en 1993, ni en 1994, ni en lo que llevamos de año, el Consejo de Seguridad ha sido capaz de adoptar una sola resolución sobre Burundi. Los fracasos de Somalia y Ruanda pesan. demasiado, y nadie se atreve a plantear soluciones creíbles para evitar la próxima matanza.

Una, vez más, los autores de asesinatos y los planificadores de masacres gozarán de absoluta impunidad, y los mercaderes de armas que han abastecido a Burundi seguramente podrán continuar con sus negocios. Después tendremos que lamentar que nadie quiera enviar cascos azules, que los observadores de derechos humanos sean escasos y que la ayuda humanitaria, que sólo se dedica a atender a las víctimas, no baste para detener esa dinámica destructiva.

Hace tan sólo unos meses, una fuerte presión y una amplia presencia internacional hubieran podido alterar el rumbo de las cosas (véase el artículo de Francisca Sauquillo y Pierre Pradier en EL PAÍS del pasado 3 de noviembre). Hoy quizá sea demasiado tarde. Algunas ONG han tenido que retirarse de Ruanda ante el poder alcanzado por los escuadrones de la muerte en los campos de refugiados. También nos hemos ido de Somalia (muchas ONG y los cascos azules) como resultado de múltiples equivocaciones denunciadas en su momento y no rectificadas a tiempo. Hay demasiadas coincidencias en los tres casos para que nos permitamos el lujo de no hacer una seria reflexión y una crítica a fondo sobre las razones por las que no aprendemos a encarar satisfactoriamente esas catástrofes humanas.