Moreiras investiga el fracasado proyecto urbanístico de IGS-PSV en Calvià
La Audiencia Nacional, a petición de los abogados de los perjudicados por la caída del grupo IGS-PSV, indaga sobre el entramado administrativo y político que rodea el agujero de casi 5.000 millones de pesetas creado por la fallida operación inmobiliaria de la Marina de Calviá, en Mallorca. Las empresas vinculadas al sindicato UGT, que dirigía Carlos Sotos -actualmente en prisión preventiva-, enterraron 4.692 millones de pesetas en la compra de terrenos para crear una megaurbanización de lujo, irrealizable desde 1991.Hoy, el juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, que entiende del caso PSV, tomará declaración como testigo a Francesc Obrador, ex alcalde por el PSOE de Calviá, actual diputado autonómico y antiguo secretario general de UGT.
La semana pasada el magistrado interrogó a otro político socialista, la actual alcaldesa Margarita Nájera, que fue responsable de Urbanismo y presidenta de la empresa pública Marina Calviá Mallorca que lideró aquella iniciativa. La alcaldesa socialista de Calviá, Margarita Nájera, y su antecesor Obrador afirman que la relación del Ayuntamiento con IGS y Sotos fue totalmente legal y transparente.
La Marina fue una iniciativa conjunta del Ayuntamiento mallorquín del responsable de IGS, Carlos Sotos, y de los arquitectos que redactaron el plan general de Calviá. Sotos indicó, hace un ano, que estuvo siempre en minoría en la sociedad Marina de Calviá Mallorca (MCM) y que "actuó sin ánimo de lucro. No se quería especular y no se invirtió un duro de los cooperativistas al recurrir a créditos bancarios y deuda".
El proyecto turístico de la Marina de Caiviá -presentado como el más importante del Mediterráneo- resultó un fiasco total y un enorme lastre financiero para IGS.
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