Privatizaciones

EL GOBIERNO parece dispuesto a afrontar el gran problema de la empresa pública. Lo hace tarde y en circunstancias políticas nada favorables. Pero, seguramente, no está en sus manos eludir por más tiempo ese desafío. De un lado, la situación financiera del conjunto de las administraciones públicas no hace sino alejarse de los objetivos de convergencia con Europa. Además, tal situación es un obstáculo a los intentos de reducción de esa prima de riesgo con que los mercados financieros castigan desde hace algún tiempo a la economía española. De otro, las recientes recomendaciones del Comité Monetario de la Unión Europea (UE) sobre la necesidad de recortar el volumen del sector público español han obligado a desempolvar un buen número de proyectos de privatización de empresas públicas que estaban aparcados por falta de impulso político.A pesar de los objetivos enunciados en lo que se presenta como un Plan Estratégico de Actuación en el Sector Público, es difícil no percibir en esta repentina atención a la empresa pública el objetivo fundamental de allegar fondos con los que sanear las arcas del Estado. Si fuera así, se dejarían de tener en cuenta consideraciones básicas de una política privatizadora digna de tal nombre: una mayor eficiencia de la economía y del conjunto de su sistema empresarial y una definición clara del papel del Estado como agente económico.

La configuración del sector público empresarial en

España no ha sido siempre el resultado de decisiones basadas en la racionalidad económica. Los intentos de racionalizar sus funciones y la adecuación de su tamaño" han sido tributarios de ese origen y de una pacata ideologización del papel de lo público en una economía moderna. La seguridad de la aportación presupuestaria ha amparado comportamientos manifiestamente ineficientes y alejados de la creciente competencia que: ha debido afrontar la empresa privada. Con todo, la importancia de la empresa pública en la economía española no ha dejado de decrecer, manteniéndose siempre significativamente por debajo del promedio europeo.El convencimiento, hoy ampliamente extendido en nuestro país, de que el sector público empresarial ha de reducir aún más su tamaño no puede disociarse de dos consideraciones básicas. De un lado, hay que vender bien. Y de otro, esa reducción. debe afectar también a las empresas con pérdidas. Las actuales circunstancias no favorecen ciertamente esos objetivos. La persistente depresión del mercado bursátil representa un. serio obstáculo para las operaciones de venta con mayor potencial de generación de ingresos. Al mismo tiempo, el poco menos que imposible concebir la transferencia de otras empresas menos atractivas para el sector privado sin la garantía de algún tipo de apoyo público. Y no debe olvidarse que tan importante o más que reducir la propiedad pública en las empresas hoy rentables es aligerar la carga de las que nunca lo han sido ni podrán llegar a serlo.

Aunque tarde, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las decisiones económicas, de mayor alcance desde que Felipe González lo preside. La necesidad de allegar recursos con los que paliar el deterioro de las finanzas públicas ha de ser satisfecha, en todo caso, sin menoscabo de los objetivos de esa nueva política industrial que el ministro Eguiagaray se esfuerza por definir. También debe compatibilizarse con la simultánea racionalización de aquellos programas de gasto público que siguen impidiendo la reducción del déficit. Gobierno y oposición política disponen de una ocasión privilegiada para exponer con claridad ante los ciudadanos cuáles son sus puntos de vista sobre el asunto. Y es de esperar que sepan hacer algo más que vender, aunque sea a un buen precio, lo que ha sido obtenido con el esfuerzo de todos o acumular lamentos sobre el excesivo tamaño que ha podido alcanzar el sector público empresarial en España.