El PP recurrirá contra la denegación del suplicatorio Alfonso Guerra

El Partido Popular y el empresario José María Ruiz Mateos no están conformes con la negativa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a remitir al Congreso el suplicatorio de Alfonso Guerra por el caso Filesa. El PP ha reclamado al Supremo la entrega del informe que el juez Marino Barbero elevó al alto tribunal pidiendo el suplicatorio, y mientras tanto, quiere que suspenda los plazos para recurrir el suplicatorio.La acusación de Ruiz Mateos ha ido más allá y ha pedido directamente al Supremo que deje sin efecto su resolución y remita al Congreso el suplicatorio de Guerra, al que cosidera "autor inductor" de un delito electoral por el "influjo psíquico qeu ejercía sobre sus subordinados".

La Sala Segunda del Supremo ha ordenado que se entreguen a las acusaciones del PP y de Ruiz Mateos los informes que redactó el juez Barbero y que se les tenga por personados en el recurso contra la denegación del suplicatorio. Al propio tiempo, deberá notificarse la interposición del recurso a las 31 partes personadas, lo que provocará una nueva dilación.

El escrito del PP al Supremo recuerda que Barbero informó a favor del suplicatorio para poder perseguir penalmente a Guerra por un supuesto delito electoral. Barbero, sin embargo, no dio traslado de, su informe ni al PP ni a las demás partes. Según, el, PP, el juez quizá entendió que la tramitación del suplicatorio tenía "un carácter formal" y que la Sala Segunda lo cursaría sólo por el hecho de pedirlo.

El PP añade que el Supremo ha roto su "tradicional criterio" de cursar sin más los suplicatorios y esta vez ha examinado "el fondo, las causas y motivos", pronunciándose sobre la consistencia de los indicios de criminalidad apreciados por el juez. Por tanto considera "imprescindible" que se le dé traslado del informe de Barbero.

Por su parte, Marcos García Montes, representante legal de Ruiz Mateos, recurre en súplica contra la negativa a conceder el suplicatorio. El letrado considera a Guerra "coordinador general" de la campaña a las elecciones generales de 1989 porque el entonces vicepresidente tenía el "control efectivo" y "moral" de la misma.