El Gobierno de Aznar otorgó ayudas a Renasa obviando los informes negativos

Octavio Granado, el procurador que llevó las acusaciones del PSOE de Castilla Y León en el caso de la minería, reiteró ayer que el Gobierno autónomo, bajo la presidencia de José María Aznar, otorgó en 1988 tres subvenciones a la empresa Renasa para la ejecución de otros tantos estudios sobre el sector minero en la región, por un importe global de 135,78 millones de pesetas. Una de ellas, de 56 millones de pesetas, fue firmada por Aznar a causa de la cuantía. En la concesión de las ayudas, según los documentos que obran en poder del fiscal, se incumplieron las condiciones impuestas para el otorgamiento de este tipo de ayudas.

Las ayudas solicitadas por Renasa lo fueron en julio de 1988.En esa fecha esta sociedad no contaba con ninguna delegación ni trabajadores en la comunidad autónoma y carecía de actividad y propiedades mineras, requisitos indispensables para obtener este tipo de ayudas.Esto último aparece probado en el proceso judicial, según Granado, procurador que ejerció la acusación particular. Y de acuerdo con datos del PSOE, la empresa Renasa reconoció que tenía sólo seis trabajadores en Madrid. Renasa aportó pruebas de propiedad sobre dominios mineros una vez iniciada la investigación por las Cortes regionales, con una sola declaración jurada de Rufino Gea Javaloy, representante de la empresa. Pero la declaración se presenta con fecha posterior al otorgamiento de las ayudas, y las participaciones en estas, propiedades, en algún caso, llevan la misma fecha en la que se concede la subvención, según documentos aportados por el PSOE al fiscal.

Este documento jurado tiene, además, la peculiaridad de carecer de sello de registro de entrada en alguno de los departamentos de la Junta y fue incorporado al expediente de investigación el 3 de enero de 1989.

No es la única pecualiaridad de este asunto. El Servicio Territorial de Minas de León, según documentos a los que ha tenido acceso El PAÍS, informó desfavorablemente sobre la subvención solicitada por Renasa -el 85% del importe del proyecto-, por no tener como objetivo la puesta en valor económico de los recursos mineros. A pesar del informe desafavorable, la Junta concedió la ayuda.

El PP rechazó el pasado jueves que Aznar subvencionara con 56 millones a una empresa fantasma y ha señalado que no hubo subvenciones a Renasa sino un pago por un servicio a una empresa asesora, aunque en la documentación se habla de subvenciones.

En Valladolid, según informa Francisco Forjas, el parlamentario socialista burgalés, Octavio Granado, aseguró ayer tener pruebas. documentales "de que el PP utiliza argumentos engañosos en la polémica sobre las subvenciones a la minería" y, en concreto, a la empresa Renasa.

En contra de lo manifestado por el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, el socialista Granado afirmó que "Renasa sí pidió una subvención, tal como prueba el informe de los técnicos de la Junta en el que aconsejaban desestimar la solicitud de ayuda Por no ajustarse a lo previsto en el decreto que regulaba las ayudas a la minería".

Tres estudios

Los trabajos en cuestión son El análisis estructural de los costes de la minería del carbón en la autonomía de Castilla y León y recomendación para una política de reducción de los mismos, el segundo informe por importe. de 56 millones y que hubo de ser autorizado por Aznar, lleva por título: Riesgos geológicos en la explotación de carbón de la Comunidad de Castilla y León, y el tercero, se titula Creación de una base de datos de los indicios de minerales y arcillas industriales en Castilla y León (Zona Central de la Cuenca del Duero).

Los socialistas subrayan que, en cualquier caso, los estudios encargados a Renasa podía haberlos realizado en mejores condiciones empresas como Adaro. El PSOE pone de relieve que Aznar no sólo avaló con su firma unal de las tres subvenciones a Renasa, debido a que excedía de50 millones, sino que firmó otras tres de 56,5 millones, de 66 millones y de 84 millones para Antracitas de Fabero, Mina Adelina y Minas de Valdesamario, respectivamente, a pesar de que sus expedientes administrativos no reflejaban las inversiones realizadas, según cada caso.

Todas estas cuestiones forman parte del caso de la mineria cuyo juicio en el Tribunal Supremo está a punto de fijarse fecha. El ex consejero de Economía de Aznar y hoy senador, Miguel Pérez Villar; su esposa Rosa Carballo (que asesoraba en su despacho profesional de León a empresarios mineros de la asociación provincial del sector, APEMA) y el entonces director general de Economía Javier Valenzuela son los acusados en el caso (ver EL PAÍS de 15 de mayo de 1990). La Junta otorgó en 1988 un total de 1. 520 millones de pesetas en ayudas al sector minero y 1.355 millones al año siguiente.