La Comunidad legaliza por decreto la situación de 15.000 falsos propietarios de vivíenda pública

La incertidumbre de 15.000 familías que accedieron a una vivienda pública de manera irregular comprando pisos cuya venta estaba prohibida ha terminado. El Gobier"El Gobierno regio)s opciones: echar a niles de ciudadanos r casas que no les' idicadas o regulafiicíón; la elección esya han echado, sus c "Por un piso de 40 met drados construido hace el vecino pagará al Ivii dos millones, que se sui cantidad que dio bajoLos sindicatos y la patronal madrileña han dado su visto bueno a esta amnistía, a la que no se podrán acoger los flegales alojados en una vivienda de¡ patrimonio público después del 1 de junio de 1994.

El decreto ha sido negociado y consensuado con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y los grupos parlamentarios de la Asamblea. Francisco López Barquero, director general de la Vivienda, anuncia que la Comunidad abrirá dos oficinas para tramitar, "de manera gra tuita", las solicitudes de legalización que se presenten. La regularización consistirá en la venta a plazos del piso -cuyo precio medio oscilará entre los 3,3 y 3,8 millones de pesetas-, o el alquiler. Vicente Pérez, miembro de la directiva de la FRAVM, presente en todas las negociaciones con la Comunidad, asegura que en su asociación, la de San Blas-Simancas, una de las más afectadas, han recibido ya la documentación de varios miles de vecinos. "El Gobierno regional tenía dos opciones: echar a la calle a miles de ciudadanos por habitar casas que no les fueron adjudicadas o regularizar su situación; la elección es clara", asegura Pérez. "Creemos que los baremos que se van a aplicar son suficientes", añade.Sólo podrán acogerse al decreto las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, que se incrementará hasta 3,5 veces tras algunas correciones según el número de hijos, número de sueldos y tiempo de estancia en el piso. ¿Y si hay alguien que gana más? "No creo que una familia que gane cinco millones al año permanezca en un piso de 40 metros cuadrados en San Blas, replica el director general de la Vivienda. Los vecinos ya han echado, sus cuentas: "Por un piso de 40 metros cuadrados construido hace 16 años el vecino pagará al Ivima unos dos millones, que se suman a la cantidad que dio bajo cuerda en su momento al vendedor ¡legal", calcula Vicente Pérez.Aumento de ventas Solo quedarán fuera, y nos parece muy bien, los que tengan otro piso en propiedad y los que hayan vendido el piso social adjudicado", concluye. Pérez asegura que, al menos, en San Blas, las noticias sobre la próxima regularización han acelerado la venta ilegal de pisos.

Las irregularidades son más frecuentes en las viviendas más antiguas, construidas hace décadas por la Obra Sindical del Hogar o el Instituto de la Vivienda y heredadas en 1984 por el Instituto de la: Vivienda de Madrid (Ivima). En ellas, el régimen de estancia es el de acceso diferido a la propiedad (inquílinos que pasan a ser dueños en unos cuarenta años). Ése es el caso de San Blas, la barriada más afectada, con irregularidades en la mitad de los 14.000 pisos gestionados por el Ivima.

También abundan las situaciones anómalas en el barrio alcalaíno de Puerta de Madrid y en Aranjuez. Las irregularidades son menos frecuentes, aunque se dan, en las 38.000 viviendas del programa de barrios en remodelación.

El Ivinia gestiona 87.835 pisos, 5.703 garajes y 3.204 locales comerciales en la región. El 52% es patrimonio heredado. La última amnistía fue en 1978.