El casero irreductible

Santiago Jiménez Gómez, un profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela (La Coruña), es un asiduo del banquillo de los tribunales' desde 1988. Desde entonces, en efecto, ha ganado todas las demandas judiciales interpuestas contra él por el propietario del piso en que reside. Hasta en seis sentencias, de diferentes juzgados de Santiago y de la propia Audiencia Provincial de La Coruña, los jueces han estimado que no encuentran motivos suficientes para desahuciarlo de la vivienda. Pero su casero, un prestigioso jurista ya jubilado, parece que le ha cogido gusto al pleito. "Gano siempre... para perder siempre", no puede por menos que lamentarse Jiménez.Su peripecia de los siete últimos años le recuerda un caso que, como medievalista, estudió hasta en su más mínimo detalle: el de unos vecinos de Lugo que en el siglo XIII no tenían quien les defendiese en un litigio con el obispo de la ciudad.Jiménez no se enfrenta a una autoridad religiosa, cierto, pero declara que casi ha tenido que mendigar asistencia jurídica. El arrendatario fue durante muchos años el mismísimo decano del Colegio de Abogados de Santiago. Según asegura Jiménez, ese matiz intimida de alguna manera a los letrados cuando requiere sus servicios.

Encontrar defensor fue, en definitiva, una auténtica tortura para Jiménez y ganar los pleitos tampoco le ha servido finalmente de nada. En el pasado mes de noviembre, rechazadas todas las demandas de desahucio, el propietario del piso en cuestión cambió de estrategia para seguir persiguiéndole judicialmente: ahora le pide más de dos millones de pesetas en concepto de atrasos producidos en el abono de las rentas.

Jiménez tiene, pues, la vida judicializada. Por eso no sorprende oírle decir: "El abusivo recurso a los tribunales es uno de los grandes males de este país. Parece como si la sociedad no fuese capaz de resolver sus problemas de forma más amistosa".

Su familia y él alquilaron en 1982 al abogado Florentino Vidal una residencia céntrica en la zona nueva de Santiago. El alquiler inicial fue de 32.000 pesetas mensuales y sujeto a un contrato indefinido, anterior a la llamada, ley Boyer, que contenía una cláusula para actualizarlo cada año de acuerdo con el incremento experimentado en el índice de precios al consumo (IPC).

Hasta 1988 no hubo problemas. Jiménez reconoce que Vidal consentía en mantener las periódicas subidas del alquiler por debajo de la inflación habida. Pero un buen día cambió de actitud: pretendió aumentarle de golpe la renta a 47.500 pesetas cuando, según el cálculo que realizó Jiménez sobre la evolución del IPC, le correspondería pagar casi 4.000 menos.

El inquilino afirma que no hubo manera de convencer al propietario, quien, a partir de entonces, se negó a cobrar la mensualidad mientras no aceptara sus condiciones. Jiménez intentó pagarle por todos los medios posibles: a través de un notario, mediante el envío de giros postales o recurriendo a los talones. Vidal no sólo lo rechazó todo, sino que acabó pidiendo al juzgado que fuera desahuciado alegando precisamente el impago de las rentas.Recomendaciones desoídas

"Yo era un ingenuo. Pensaba que la justicia lo arreglaría todo", confiesa Jiménez. No es que los tribunales le quitaran la razón. Ha ganado tres demandas, con sus correspondientes apelaciones ante la Audiencia Provincial. Pero no logra que de una vez por todas se termine el contencioso. Hasta ha pasado por el trance de que un juez fallase a su favor al mismo tiempo que le condenaba al pago de las costas del juicio. En esa ocasión él también recurrió y logró que se revocase el fallo.

Ya en 1990, el Juzgado número 2 de Santiago recomendó a Vidal que, si estaba disconforme, debería pedir a la autoridad judicial que fijase ella misma la cuantía de la renta en vez de insistir con las peticiones de desahucio. Cuatro años después, la Sala Quinta de la Audiencia Provincial volvió a reprochar al querellante que persistiese en la demanda "desoyendo tan atinadas advertencias".

Vidal, un hombre que rebasa ya los 80 años, niega que esté acosando judicialmente a Jiménez. "Sólo ejerzo mis derechos como arrendatario", sostiene; lo que ocurre es que los jueces no entran nunca en el fondo del asunto, que no es otro que la actualización de la mensualidad".

Él atribuye las discrepancias sobre la cuantía del alquiler a la supuesta negativa del inquilino, desmentida por éste, a abonar los gastos de la comunidad. Pese a las sucesivas derrotas, el que fuese decano de los abogados no conoce el desaliento: "Como él quiere pagarme lo que le da la gana, también yo recurriré a los tribunales las veces que me dé la gana".