Roldán asegura que Serra le ordenó personalmente investigar a Conde

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ordenó personalmente en 1992 a Luis Roldán que investigara al entonces presidente de Banesto, Mario Conde, según la declaración voluntaria prestada el martes ante el juez Garzón por el ex director general de la Guardia Civil. El informe Crillón, elaborado por la agencia de detectives Kroll, fruto de ese encargo, costó 67 millones de pesetas y, según la denuncia, fue pagado con cargo al presupuesto Ministerio de Defensa; más concretamente, del Cesid.

Luis Roldán hizo constar ante el magistrado que no podía precisar en ese momento la fecha exacta del supuesto mandato de Serra, pero se comprometió a hacerlo ante la autoridad judicial que resulte competente para instruir su denuncia.El objeto de la investigación encomendada por Serra -siempre según la confesión de Roldán- era doble: averiguar las presuntas actividades delictivas de Mario Conde al frente del banco y, además, conocer los contactos o planes de tipo político del ex presidente de Banesto. Conde había hecho públicas sus intenciones de pasarse a la política.

Roldán explicó al juez Garzón que, para llevar a cabo el encargo, pidió ayuda a Julián Sancristóbal, quien le puso en contacto con ciertas personas que residían en el extranjero y así llegó a conectar con la delegación en Londres de la agencia de investigación norteamericana Kroll. Associated. La elección se basó en la solvencia y discreción que acreditan a esta agencia, así como en el hecho de que algunas de las actividades de Conde se desarrollaran fuera de España.

Por su trabajo, Kroll ofreció un presupuesto abierto, que al final sumó 67 millones de pesetas. Los pagos se hicieron de forma escalonada, a razón de siete millones al mes. Serra, según Roldán, aprobó personalmente el presupuesto, en una entrevista que ambos mantuvieron en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno. El ex director de la Guardia Civil precisó que algunos de los pagos mensuales se los remitió el propio Serra, aunque la mayoría de las veces le llegaron a través de José Enrique Serrano, del que cree recordar que era secretario general de la Vicepresidencia.

El ex prófugo añade que los fondos procedían del Ministerio de Defensa, previsiblemente del Cesid [servicio de espionaje], y que era el ministro Julián García Vargas quien los remitía a Serra para que éste se los hiciera llegar a él. Roldán solía acudir casi siempre a recoger el dinero, aunque en una o dos ocasiones envió a personal de su secretaría.

Los pagos a la agencia Kroll los hacía Roldán a través de Sancristóbal. Sin embargo, a pesar de encomendarle esta labor de intermediario, el ex 'director general de la Guardia Civil aseguró al juez que aquél desconocía el origen del dinero y el motivo por el cual se efectuaban los pagos.

Las investigaciones para elaborar el informe Crillon - así lo bautizó la agencia Kroll- se paralizaron en la primavera de 1993, pocos meses antes de las elecciones generales. La directora de relaciones informativas de la Guardia Civil, Esther Fernández, elaboró un resumen en castellano. En la redacción también pudo participar el teniente coronel Solís y personal de la secretaría de Roldán. De ese extracto se hicieron varias fotocopias y, según la denuncia, tres de los ejemplares fueron entregados por el propio Roldán al vicepresidente del Gobierno. El texto de la declaración recoge también que Serra le comentó que iba a encargar un resumen del resumen para hacérselo llegar tanto a Felipe González como al entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga.

Roldán hizo referencia expresa a que Serra faltó a la verdad en su comparecencia parlamentaria al decir que no había documentos que avalaran la existencia del informe. En su opinión, basta que se recaben los testimonios de las personas que participaron en su elaboración para demostrarlo. Como pruebas colaterales, propuso al juez que interrogue a sus conductores y escoltas, que pueden dar fe de que despachaba con Serra dos o tres veces al mes.