La juez paraliza el expediente que la Guardia Civil abrió a los agentes de Colmenar por vejaciones

La juez Nuria García de Lucas ha ordenado la paralización del expediente gubernativo abierto por la Dirección General de la Guardia Civil contra cuatro agentes de Colmenar Viejo (27.000 habitantes) por supuestas vejaciones. Los guardias, acusados de torturar a tres jóvenes, ya fueron sancionados en noviembre tras una investigación interna. El director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, sostuvo ayer en el Congreso que la orden judicial, del 17 de febrero, implica el aplazamiento de posibles nuevas sanciones hasta que se dicte sentencia. La acusación, en cambio, mantiene que la juez -que se basa en que la instrucción sigue en marcha- carece de competencias para frenar este expediente.

Los hechos que motivaron el expediente gubernativo se remontan al pasado 21 de octubre de 1994, cuando varios agentes del cuartel de Colmenar se encontraban en el bar Color de la localidad. Por un motivo intrascendente se originó una disputa. La trifulca, con varios guardias implicados, no paró hasta la llegada de la Policía Municipal.Al día siguiente fueron detenidos Cecillo Rodríguez Martín, de 19 años; Pedro Rodríguez Gómez, de 25 años, y J sé Luis Vilanova, de 20. Se les acusó de agredir a los guardias en el bar, extremo que ha sido desmentido por los detenidos. En el cuartel fueron amenazados, insultados y torturados, siempre según su denuncia.

Entre las supuestas vejaciones, destaca la perpetrada por el denominado doctor Tricornio: un hombre corpulento que entró en el calabozo en actitud amenazante y vestido con albornoz, bermudas negros, guantes de boxeo y un tricornio.

Tras la denuncia presentada por los detenidos, la Guardia Civil abrió una investigación interna. El expediente, instruido por el teniente coronel Manuel Gascón, fue cerrado el 27 de noviembre y remitido a la Dirección General de la Guardia Civil. A causa del informe el instituto armado ordenó, por "actos y expresiones vejatorias", el arresto domiciliario y el cese en sus -funciones de cuatro agentes de Colmenar -entre ellos los dos cabos primeros Miguel Ángel Izquierdo Vega y Francisco José Chicoa-.

Al cese, con una duración máxima de tres meses, siguió la apertura de un expediente gubernativo por el que el Ministerio de Justicia e Interior podía imponer sanciones superiores. Básicamente, el cese del -destino en la Guardia Civil entendió entonces que estas nuevas medidas no paralizaban la acción de la justicia pasado 17 de febrero, sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Colmenar, Nuria García de Lucas, dictó una providencia por la que solicitaba a la Dirección General de la Guardia Civil que le informase sobre la situación del expediente gubernativo -el segundo- y que, en caso de encontrarse en fase de tramitación, procediese a su paralización "por encontrarse el juzgado instruyendo diligencias previas".

La orden judicial ha causado estupor en la acusación, informa Soledad Gallardo. Teodoro Mota, de la Asociación contra la Tortura, señaló que la juez no sólo carece de competencias para paralizar un expediente gubernativo o administrativo de orden interno, sino que, incluso si de tal expediente derivase en sanciones, éstas no serían incompatibles con la condena judicial.

La decisión de la juez, empero, sirvió ayer al director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, para responder en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso a una pregunta de IU sobre la aplicación de las sanciones a los guardias. Ferran manifestó que no se impondrán las posibles nuevas sanciones disciplinarias que se deriven del expediente hasta que se dicte sentencia.