China, el cambio se para ante los derechos humanos

ENVIADO ESPECIAL Las presiones internacionales sobre China en materia de libertades democráticas están abocadas al fracaso más rotundo, a juzgar por las opiniones oficiales que se escuchan estos días en Pekín. Por la vía de la condena antes que la del diálogo, todos los pronunciamientos al respecto, provengan de Gobiernos o de organizaciones independientes, pueden tener un impacto negativo y acentuar el nacionalismo del país más poblado del planeta, que en los albores de un próximo milenio siente ya en la mano la idea de una Gran China con la próxima recuperación de Hong Kong y Macao y la futura reunificación con Taiwan.

El Gobierno chino pensaba recurrir, llegado al caso, al uso del veto, en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, si los países occidentales hubiesen logrado aprobar en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que celebra estos días su sesión anual en Ginebra ' una moción que permitiera abrir una investigación sobre la situación de las libertades en el país asiático. "Estimarnos que se trata de una injerencia en los asuntos internos de nuestra nación, y, por consiguiente, nos opondremos con fuerza", manifestó el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Jiang Enzhu. La moción, que fue derrotada por un voto de diferencia, había sido presentada conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

"China cuenta con una propia realidad como nación y el Gobierno admite y acepta las críticas a su política, pero las cosas aplicables en Occidente no lo son para este país. Y si uno lee la historia moderna de China queda do manifiesto que el sistema occidental no es aplicable aquí, y en concreto el sistema democrático", dice el viceministro Jiang. Pekín siempre sostiene que Occidente utiliza el tema de los derechos humanos como un instrumento político para someter a China a la voluntad de los países desarrollados. De ahí que brote inmediatamente todo el orgullo nacionalista de un país que supo liberarse de la invasión extranjera y realizar la revolución. Los gobernantes de un país como éste, de 1.200 millones de habitantes, que en menos de medio siglo ha pasado de la hambruna a la antesala de una sociedad desarrollada, afirman con las estadísticas en la mano que es incuestionable que el nivel de vida de la población ha mejorado notablemente gracias a la reforma y, apertura económica que. Deng Xiaoping inició a finales de los setenta. El viceministro. Jiang sostiene con rotundidad que esta política es ya irreversible y que la cercana desaparición de su inspirador no tendrá ninguna influencia, "porque contamos con una, dirección colegiada" al frente de la cual está el presidente de la república y secretario general del Partido. Comunista Chino (PCCh), Jiang Zemin.

Sin embargo, al margen de las optimistas manifestaciones que lanzan a los cuatro vientos los gobernantes chinos, en los últimos días se ha producido una inusitada actividad de intelectuales y disidentes que, coincidiendo con la celebración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), han sacado a la luz las evidentes limitaciones que existen en concepto de libertades públicas y el penoso trato que reciben los presos acusados de "delitos contrarrevolucionarios". El Gobierno no ha autorizado finalmente que una comisión de la Cruz Roja Internacional visite las cárceles. Según estadísticas oficiales, la cifra de presos políticos ascendería actualmente a cerca de 3.000. Sin embargo, es difícil de calcularla con exactitud.

Algunas organizaciones independientes internacionales aseguran que el año pasado se produjo un aumento de la detención de personas por motivos políticos y un deterioro de la situación carcelaria. El último informe sobre derechos humanos, presentado el pasado mes por el Departamento de Estado norteamericano, suscitó la ira de Pekín, a pesar de que Washington constata una mejora de la situación. El Gobierno negó que existan en China presos de conciencia y calificó de falsas las denuncias de tortura y la venta de órganos de reos ejecutados. Sin embargo, fuentes próximas al poder han reconocido que se han podido producir casos de malos tratos. Un profesor de la Universidad del Pueblo de Pekín reveló, en un seminario sobre los derechos humanos celebrado la semana pasada, que en cinco años se habían registrado unos 2.000 casos de malos tratos en las cárceles del país, pero aseguré que los responsables habían sido castigados y apartados de su trabajo.

En 1994, el número de fusilamientos fue de cerca de 3.000, aunque las condenas fueron en muchos casos por delitos comunes o de corrupción económica.

Wang Dan, el cabecilla de la revuelta estudiantil de 1989 por la que fue condenado a tres años de cárcel y puesto en libertad en 1993, firmó hace unos días, junto a una veintena de disidentes, un manifiesto dirigido al Parlamento chino para que tome medidas en favor de la protección de los derechos humanos. En vísperas de la reunión de la ANP se difundieron también, aunque no a través de la prensa oficial, otros tres escritos firmados por varios intelectuales y activistas pidiendo la interrupción de detenciones sin límite de tiempo y sin presentar cargos, a1 como la supresión de campos de reeducación para presos políticos. El Gobierno no parece pensar de la misma manera y ya ha dejado bien claro que no hay intención de que estos manifiestos sean discutidos por el Parlamento. "Todos los ciudadanos tienen derecho a criticar a los órganos del Estado y formular sugerencias, pero estas personas han sido privadas de sus derechos políticos de acuerdo con la ley" afirmó el portavoz parlamentario, Zhou Jue al recordar que muchos de los firmantes están en libertad condicional.