El fiscal de México revela que una conspiración acabó con la vida del candidato presidencial Colosio

Esta vez parece que va en serio. Tras la confirmación en la noche del viernes de que el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue producto de una conspiración, todo indica que existe la voluntad política de esclarecer un crimen que conmocionó a México el 23 de marzo de 1994. A la detención de Othon Cortés Vázquez, el segundo tirador que disparó al abdomen de Colosio, se sumó ayer la de Fernando de la Sota, uno de los jefes de seguridad de la campaña del aspirante, para quien trabajaba Cortés. Descartada la tesis del asesino solitario que sostuvo Miguel Montes, primer fiscal que se hizo cargo del caso, se anuncian querellas contra los ex fiscales y ex procuradores generales de la República (ministro de Justicia) por "maquillar" las investigaciones.

La actuación del actual procurador, Antonio Lozano, y del fiscal investigador, Pablo Chapa Benazilla, echa por tierra las pesquisas de sus antecesores. Pero también siembra de dudas la propia intención del anterior presidente, Carlos Salinas de Gortari, de llegar al fondo del asunto."La hipótesis del homicida solitario es insostenible", aseguró Lozano, único miembro del Gobierno que pertenece a una formación opositora, el derechista Partido de Acción Nacional (PAN). Once meses han sido necesarios para llegar a una conclusión que parecía evidente para la inmensa mayoría de los mexicanos. El magnicidio de Colosio, en un país en el que el dedo presidencial convertía al candidato priísta en virtual mandatario de la nación, causó estupor y ha sido señalado, junto al conflicto armado Chiapas, como una de, las causas de la profunda crisis financiera y de la inestabilidad política que padece México.

La ausencia de resultados de las pesquisas durante tanto tiempo ha dañado aún más la credibilidad de la justicia mexicana. El presidente, Ernesto Zedillo, que prometió durante la campaña electoral del año, pasado una amplia reforma del sistema judicial, parece empeñado en terminar con la impunidad que ha rodeado el caso Colosio.

Las investigaciones fueron entorpecidas casi desde el momento en que Colosio recibió los disparos de Mario Aburto, condenado ya a 45 años de prisión, y de Cortés, un hombre de 38 años afiliado al PRI desde hace una década y que el viernes ingresó en prisión. Lozano afirmó que "el hallazgo de un segundo vídeo muestra de forma contundente el acuerdo de varias sujetos" para realizar el atentado. La rocambolesca teoría sobre el giro del cuerpo después del primer disparo -que permitió a Aburto disparar sobre el costado de Colosio- fue descartada por el procurador. "El cuerpo de una persona que recibe un tiro en la cabeza se desploma. Es imposible que gire", aseguró tajante.

La torpeza en el manejo de las indagaciones provocó una cadena de dimisiones y destituciones que afectó notablemente a la debilitada confianza de los mexicanos en las instituciones. Al fiscal Montes le relevó Olga Islas. Los progresos en las pesquisas con este cambio brillaron por su ausencia. Y a Islas le sustituyó, ya en el nuevo sexenio, Lozano.

En la Procuraduría General de la República (PGR) sucedió tres cuartos de lo mismo. Diego Valadés dejó el cargo en mayo. Su sucesor, Humberto Benítez Treviño, acusado por Mario Ruiz Massieu de entorpecer el esclarecimiento del asesinato Francisco Ruiz Massieu en septiembre, cambió de aires con la llegada del nuevo mandatario.

Montes, Islas, Valadés y Benítez Treviño están en el punto de mira de algunos legisladores que, desde la comisión de seguimiento del caso Colosio, pretenden llegar a los autores intelectuales del crimen. Y apuntan alto. El atentado podría haber "sido concertado en los más altos niveles de la dirección política y económica del país. Estamos pensando en las más altas autóridades", afirmó Ramón Sosamontes, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD). No citó a Carlos Salinas de Gortari, pero todo indica que Sosamontes pensaba en el ex mandatario, muy criticado tambien por la gestión económica de su último año de mandato.

Gobernador de Sonora

También se habla de la implicacion del gobernador del norteño Estado de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Aunque fuentes de la PGR afirmaban que todavía no hay pruebas sobre su participación en el crimen, en el expediente judicial consta que Beltrones realizó un interrogatorio paralelo a Aburto el fatídico 23 de marzo en el aeropuerto de Tijuana. En este lugar trabajaba, hasta su detención, Othon Cortés. Roberto Alcide Beltrones, hermano del gobernador sonorense, dirige este aeropuerto.

Pocos dudan de que el asesinato de Colosio y el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, obedecen a la pugna por el poder dentro del grupo que gobierna México desde 1929. Los sectores de la línea dura, llamados "dinosaurios", se resisten a perder sus prebendas.