CiU toma la iniciativa y prepara una nueva ley de financiación de los partidos políticos

El grupo parlamentario de CiU presentará al Congreso de los Diputados en los próximos, días una nueva ley de financiación de los partidos políticos, que abrirá la puerta a las aportaciones privadas para subvencionar los gastos de las fuerzas políticas. Se trata de uno de los puntos del programa de gobierno para 1995 aprobado por PSOE y CiU el pasado día 9 al término del debate sobre el estado de la nación, y por tanto compromete al Gobierno. El secretariado permanente de Convergència Democrática, el principal partido de la coalición nacionalista catalana, ha decidido tomar la iniciativa, convencidos los dirigentes nacionalistas de que el Gobierno no está en condiciones políticas de asumir hoy por hoy ese compromiso, sea por su debilidad sea porque el PSOE tiene un sumario abierto por financiación irregular y una iniciativa de este tipo podría ser mal interpretada. CiU ya ha encargado los estudios pertinentes a los expertos para elaborar la proposición de ley.

El presidente de la Generalitat y de Convergència, Jordi Pujol, declaró anteanoche a este respecto que el trabajo de los diputados nacionalistas en el Congreso "es cada día más difícil, ya que tienen que afrontar la demagogia del Partido Popular y el miedo de los socialistas". Y citó como ejemplo el ámbito fiscal. Los socialistas, según el dirigente nacionalista, dan la razón a CiU en las reformas que proponen, pero no se atreven a aprobarlas porque el PP no les quiere dar su voto favorable "para así poderlos acusar de explotadores".

Para Pujol esta situación no es buena para el país, y advirtió que "hay que asumir riesgos en interés de la sociedad". Lo mismo opina con relación a la nueva reforma laboral, para sustituir los contratos eventuales por fijos con indemnización por despido negociada de antemano. Descrédito de los políticosTanto Pujol como Miquel Roca y otros dirigentes nacionalistas han insistido en las últimas semanas en que una vía para combatir el descrédito de la clase Política consiste en modificar la ley de financiación de los partidos de 1987, porque los escándalos derivados de la financiación irregular (casos Filesa, Naseiro y otros) han demostrado que lo legislado no se corresponde con la realidad y los partidos han cubierto sus necesidades económicas con aportaciones privadas ilegales, lo que ha dado origen a muchas corrupciones, que han erosionado el, prestigio del sistema de partidos.

La ley de 1987 hace descansar la financiación de las formaciones políticas en aportaciones del Estado, y restringe al mínimo las privadas. A cambio; el control que ejerce el Tribunal de Cuentas es insuficiente, como también se ha comprobado en la práctica.

La filosofía que impregnará la modificación que prepara CiU es la contraria: mayor libertad para las aportaciones privadas, que deberían ser públicas y transparentes, y con beneficios fiscales, y mayor poder para el Tribunal de Cuentas. CiU es partidaria de que se limite el gasto electoral de los partidos.

Existe otra resolución votada el pasado día 9 que no sigue el camino que desean los nacionalistas catalanes. El Gobierno insiste en su último borrador de reforma de la Administración del Estado en conservar la figura del gobernador civil.

Convergència i Unió no descarta apoyarse en los votos de Izquierda Unida y del Partido Popular para enmendar la futura ley si ésta conserva esa figura, que los nacionalistas consideran periclitada. Pujol y Roca confían en que los criterios de Manuel Fraga, favorable según ellos a sus tesis, sea la que se imponga en el PP.

Los dirigentes de CiU reclaman un cambio de nombre -algo así como un coordinador de los servicios periféricos del Estado- y que su titular sea un funcionario aunque designado para el puesto por el Gobierno.