El fuero y el huevo

¿Alguien recuerda que Manuel Fraga Iribarne se acogió en 1979 a la inmunidad parlamentaria para no retractarse de las acusaciones realizadas contra Francisco Romero Marín, miembro del comité Ejecutivo del Partido Comunista de España? El hoy presidente de la Xunta de Galicia acusó a Romero Marín de ser enlace entre sociedades filiales de algunas embajadas de países del Este en Madrid y un despacho especializado en la defensa de miembros del GRAPO. El contubernio internacional todavía funcionaba, al menos, para Fraga. Fue uno de los aforados, de los que se pidió suplicatorio para procesarle.Pero, ¿qué es un aforado? Aforado es la persona que goza de fuero, recoge el Diccionario de la Real Academia Española. Dicen que el autor del invento fue Pedro I El Cruel para proteger a los procuradores a las Cortes de Castilla frente a sus alcaldes.

Ha llovido desde entonces y han, cambiado las cosas. Diputado, senadores y altos cargos 'de la Administración gozan ahora de ese fuero que impide a un tribunal ordinario juzgarles por delitos -o presuntos delitos- cometidos en el ejercicio de sus tareas. Han de ser juzgados por el Tribunal Supremo una vez que el Parlamento concede el correspondiente suplicatorio. En teoría, se trata de proteger, en la medida de lo posible, la libertad de quienes soportan en sus débiles espaldas el peso de la púrpura. Luego resulta que, bajo esa púrpura, hay motivaciones de todo tipo.

Porque hay de todo. Fuero y huevo. Desde quien cometió irregularidades de tipo estrictamente mercantil hasta quien se llevó una ikurriña del Museo del Ejército; desde quien, en estricto uso de sus tareas parlamentarias, denunció, dijo o declaró sobre diversos temas, hasta quien maltrató a un ex sargento del Ejército. Los suplicatorios nominación, parece que correctísima, para definir la petición de levantar la inmunidad parlamentaria- presentados en ambas cámaras recogen casos de todo tipo y condición. Pocos parlamentarios han escapado a ellos. En la Cámara Baja se han presentando en las cuatro legislaturas en torno a unos 40 suplicatorios. Nada, si se compara con los más de 300 presentados entre 1933 y 1935. Por cierto, que en aquella época fue José Antonio Primo de Rivera quien más suplicatorios acumuló. Y fue Indalecio Prieto quien más fervorosamente se negó a que se concediera suplicatorio a su enemigo ideológico. Por algo Don Inda decía aquello de que era "socialista a fuer de liberal".

En lo que llevamos de recuperada democracia a los tribunales se ha llevado a diputados y senadores por un quítame allá esas pajas. Y otros se han agarrado, sin escrúpulo alguno, a su condición de aforado para hacer un quiebro a sus denunciantes. Otros, sin embargo, han pedido al Parlamento que les liberara de este privilegio para poder acudir a los tribunales. Jesús Barderas Reviejo, senador de la extinta UCD, ya pidió que concedieran el suplicatorio en diciembre de 1979. El senador había atropellado levemente a una señora con la aleta de su automóvil. El mismo Barderas la llevó a la casa de socorro de donde la buena mujer salió por su propio pie. El juicio de faltas se llegó a celebrar sin que se hubiera concedido el suplicatorio, y si, bien es verdad que el juez le declaró inocente, hubo sus más y sus menos con la soberanía popular que, según el Parlamento, había quedado, como la señora, por los suelos.

Eran otros tiempos. El posible procesamiento de Miguel Ángel Martínez, diputado socialista y militante de UGT, hace ahora 15 años, no se hubiera hoy ni planteado. Pero en 1979 ocupar una Casa del Pueblo de Ciudad Real no estaba lo que se dice bien visto. Así que también Miguel Ángel Martínez pidió que se le concediera el suplicatorio y en paz.

Pero en 1979, el primer suplicatorio concedido y, con mayor resonancia fue, sin duda el de los diputados vascos Telesforo Monzón y Francisco Letamendía, ambos parlamentarios de Herri Batasuna, a los que entre otras cosas se les acusaba de traidores a la patria y apología del terrorismo. Seguramente hoy, por los mismos baremos, habría que procesar a la mayoría de los diputados vascos, incluidos, los más conservadores. El caso de Monzón y Letamendía fue objeto de arduas y extensas discusiones, aceleraciones y aplazamientos.

En diciembre de 1979 el Tribunal Supremo recibió la autorización para juzgar a los dos políticos vascos. Tampoco hubo tantos parlamentarios que se opusieran a la concesión del suplicatorio. La votación fue abrumadoramente a favor de que se les juzgara. Se sabe, eso sí, que entre los escasos parlamentarios que se opusieron estaban Juan María Bandrés, Fernando Sagaseta y Heribert Barrera. Por cierto, que los dos primeros también tuvieron el honor de estar incluidos en suplicatorios para su procesamiento.

Visto ahora, la verdad es que si José Barrionuevo hubiera dicho hace 15 años sobre el juez Garzón lo que ha dicho últimamente, se hubiera producido, sin duda, un suplicatorio antes de que le hubiera dado tiempo a decir Jesús. El diputado canario Fernando Sagaseta fue objeto de una querella por desacato por unas declaraciones en las que criticaba la acción de los jueces en el caso de Ángel Cabrera, El Rubio. ¿Quién se acuerda ahora de aquel caso relacionado con la desaparición del industrial canario Eufemiano Fuentes? Y eso que Sagaseta actuaba, además, como abogado defensor de los familiares de El Rubio. Pero tampoco fue un eximente. Con lo que ahora se dice, resulta difícil pensar que las palabras de aquel tronante diputado fueran más allá de donde llegan ahora las pronunciadas por nuestros más eximios políticos.

Fue sonado, por la personalidad del interesado y por los hechos, el suplicatorio presentado contra Joseba Elósegui, veterano luchador antifranquista y, entonces -1984- senador nacionalista vasco. Elósegui rescató la ikurriña de un batallón de gudaris del Ejército Republicano que se exponía en el Museo del Ejército. El senador, que falleció en 1984, se llevó con él a un fotógrafo que plasmó para la posteridad su acción.

Hay pocos parlamentarios que se hayan librado de alguna querella, y, consecuentemente, de que su nombre figure incluido en alguno de los suplicatorios presentados en ambas cámaras. Joaquín Leguina, Enrique Tierno, Carlos Barral, Carmen García Bloise, Pablo Castellano, Alfonso Guerra, Ramón Tamames, Ángel Sanchís, Herrero de Miñón... la lista resulta interminable. Y no siempre por actividades relacionadas con sus tareas de padres de la patria. El desaparecido Carlos Barral tuvo un sonado proceso por haber incluido -cierto que con el nombre cambiado- a un personaje perfectamente reconocible en uno de sus libros.

El Parlamento negó el suplicatorio y tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien aclarara que no había que confundir inmunidad con impunidad. Así que, a Carlos Barral le juzgó el Supremo por un presunto delito de injurias. El caso hizo correr ríos de tinta, como dicen los clásicos, por la numantina defensa que del senador hicieron sus compañeros de grupo.

Guerra ya lo tuvo

Eran tiempos en los que todavía había que tentarse la ropa antes de hablar. Alfonso Guerra que había comentado aspectos del juicio seguido por el 23F -estamos en 1982- tuvo también su suplicatorio. Fue Eduardo Serra, hoy hombre fuerte de la telefonía móvil, y entonces subsecretario de Defensa quien presentó un escrito a la Mesa del Congreso interesándose por la condición de diputado del señor Guerra. Qué cosas. Alfonso Guerra había dicho: "Es cierto que existe el temor de que los juicios del 23F van a ser una farsa. Y yo lo comparto". La lengua de Alfonso Guerra le costó otro suplicatorio esta vez por injurias y presentado por UCD. Indudablemente, que la mejor palabra es la no pronunciada. Y si nuestros diputados hubieran seguido esta máxima mejor les hubiera ido. Porque a la mayo-, ría fue su lengua la que les llevó a los tribunales.

Si a José Barrionuevo le llamaran a declarar por el caso de los GAL, no sería la primera vez que protagoniza un suplicatorio. En enero del 88 el Supremo pidió autorización para proceder contra el entonces ministro del Interior. La demanda se refería a un hecho que, si *no fuera por lo dramático, sería chusco. Su departamento se confundió y entregó a los medios de comunicación- no la fotografía de un presunto etarra, sino la de su hermano que nada tenía que ver -salvo los naturales lazos de sangre- con las actividades fraternales.

En la historia más reciente otros aforados de uno u otro signo han protagonizado diversos suplicatorios. Y aunque sea de pasada, hay que mencionar -además de por cercanía en el tiempo, por afinidad en las causa Ángel Sanchís, del PP, y a Josep María Sala y Carlos Navarro, del PSOE. Todos supuestamente implicados en la financiación irregular de sus partidos. Y, el último, hasta ahora, Alfonso Guerra. Pero él ya es un veterano.