"El 'caso GAL' se está usando de manera hipócrita por algunos neoconversos"

Miguel Rodríguez-Piñero, a punto de incorporarse a su nueva cátedra de Derecho del Trabajo en Alcalá de Henares, asistirá en su ciudad, Sevilla, a la boda de la infanta Elena, todavía como presidente del Tribunal Constitucional, si el Gobierno y el Senado -a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, que ha elegido ya sus dos jueces- tardan unas semanas en proponer tres magistrados para las dos y una vacantes que, respectivamente, les corresponde cubrir antes de mañana. "Sé que no hay voluntad de demorar la renovación, y no es igual que tarden siete meses , como otras veces, a un retraso de unos días para lograr los acuerdos adecuados". explica.

Pregunta. Se despide como un presidente político, ¿no?

Respuesta. He sido un presidente político... para no ser un presidente político. Me explico. He hecho una política de apoliticidad, que ha sido respetada y comprendida tanto por el Gobierno y la oposición como dentro del tribunal. No me he casado con nadie, he tratado de lograr el consenso y he tenido que utilizar muy pocas veces el voto de calidad.

P. ¿De qué trataron Felipe González y José María Aznar en la cena del 19 de diciembre último, en su casa?

R. De temas globales y fundamentalmente de la renovación del Tribunal Constitucional, que era el motivo. Ambos se comprometieron delante de mí a cumplir en lo posible los plazos y a no politizar la renovación. En aquella cena se propició el acercamiento y una relación más directa y pacífica que haga también posible, si la ciudadanía lo quiere, un cambio de Gobierno sin traumas. Pero la cena fue anterior al estallido de los problemas más recientes del caso GAL, que enrarecen el ambiente.

P. ¿Qué le sugiere ese caso?

R. Yo, que critiqué en su momento la guerra sucia, tengo, legitimidad para plantear tanto por qué se cerró mal el caso GAL como por qué se abre tan inusitadamente ahora. Aunque no creo que exista complicidad del Gobierno, el sólo hecho de que haya implicados aparatos del Estado no me gusta. Tampoco me gusta el uso político que se puede hacer hoy de una manera hipócrita por algunos neoconversos.

P. ¿Cree que debe llegarse hasta el final, aunque se conmuevan las instituciones democráticas?

R. No creo que exista ese riesgo. Las instituciones democráticas pueden conmoverse si se pagan precios indebidos para llegar hasta ese final.

P. ¿Qué precios?

R. Por ejemplo, el de olvidarnos de que los fondos reservados son necesarios para defender la democracia. En un sistema democrático "Delante de hay que evitar la guerra sucia, pero mí, González y tampoco caer en la ingenuidad de Aznar que no hay que establecer, a través acordaron no vés de los fondos reservados, mecanismos para combatir el crimen organizado. Así ocurre en Estados Unidos, donde la policía antidroga tiene, dentro del sistema democrático, mecanismos peculiares. El Estado no puede desarmarse ni ser más papista que el Papa respecto a los valores democráticos. La democracia se tiene que defender no digo yo con crímenes, pero sí con métodos como los fondos reservados.

P. ¿Cree inconstitucional la ley que permite a los jueces regresar a la plaza que ocupaban?

R. No creo que se pueda hablar de inconstitucionalidad de la ley por un caso muy particular en el que un juez, que sale de la política a contrapelo del Gobierno, se encarga de un asunto en el que puede tener relación el Gobierno. Lo que es planteable es la constitucionalidad de que ese juez conozca ese asunto, pero no la ley, que es perfectamente constitucional y favorece que los políticos no sean una casta.

P. En el caso de Garzón, ¿usted se habría abstenido?

R. Yo me habría examinado para comprobar si tenia alguna mota de ira o de hiel que me indujera a no ser objetivo.Por menos motivos he dejado yo, de conocer de un caso.

P. ¿Cuántos amparos ha visto el tribunal contra recusaciones infructuosas?

R. Muy pocos. Lo que sí hace el tribunal es exigir a quien alega parcialidad del juez que previamente le recuse.

P. La imparcialidad ¿exige que se desdoblen las funciones judiciales de instruir un caso y decidir el ingreso en prisión?

R. La tendencia es hacia eso. El juez investigador pierde objetividad y ésa es la razón del juez de instrucción frente al fiscal. Es propio de la función judicial buscar la justicia, eximentes, atenuantes..., mientras que el acusador barre un poco hacia la inculpación. Cuando en el juez se reunen ambas funciones es difícil que sea la peor garantía para el justiciable.

P. ¿Cree que hay que limitar el derecho de información?

R. Los límites están en la Constitución. Lo que me preocupa es que en España se confunden imputaciones y opiniones. No conozco ningún país donde se hagan imputaciones tan concretas como las de aquí en el caso GAL sin pruebas. En otros países se puede decir que se sospecha, pero no que alguien es el organizador de una banda criminal, sin probarlo.

P. Durante sus tres años de presidente, ¿qué aportación ha hecho el tribunal a la defensa de la Constitución?

R. Hay todavía una parte de la legislación que no se ha adaptado a la Constitución y que vamos sometiendo a ella. Otro bloque han sido los conflictos autonómicos, sobre los que cada vez tenemos una doctrina más sólida. En materia de libertades y derechos fundamentales, hemos avanzado hacia un proceso con todas las garantías y hacia una nueva frontera de los derechos humanos, como el derecho a la intimidad, que habrá que conectar con el medio ambiente, según una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

P. Algunos abogados acusan al tribunal de admitir pocos recursos de amparo. ¿Es cierto?

R. Hay algo de verdad, siempre que se acepte la tesis de que nosotros estamos para solucionar todos los entuertos judiciales. Pero el tribunal no, se hizo para corregir errores judiciales o sentencias malas.

P. ¿Cuál es su perfil de presidente para sucederle?

R. Un hombre trabajador, ordenado y con un amplio consenso interno y respeto externo para actuar con la independencia con que han actuado los anteriores presidentes.