El fiscal pide 13 años para un ex jefe del Cesid por las escuchas en 'La Vanguardia'

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicita 13 años de cárcel para Fernando Rodríguez González, ex coronel del Cesid e inculpado con mayor petición de pena en el caso de las escuchas ilegales descubiertas en 1993 en el diario La Vanguardia. La fiscalía pide cinco años de cárcel para Javier de Godó, editor de La Vanguardia, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. A Godó se le imputan también otros seis delitos de descubrimientos de secretos por haber encargado, según la acusación, otros tantos pinchazos telefónicos. Para cada uno de estos delitos, el fiscal solicita tres meses de privación de libertad. La defensa de Godó niega los cargos.

Un total de 16 personas figuran como implicadas en el escrito de calificación de la fiscalía difundido ayer. Para Miguel Ruiz, nombre que oculta la identidad real de Mikel Legarza Eguía, un topo infiltrado en ETA en 1969, se solicita la misma pena que para Godó, más otros 10 meses de arresto por falsedad de DNI.El escrito del fiscal explica los servicios que prestó Miguel Ruiz, El Lobo, para el editor de La Vanguardia, y los que también prestó el ex coronel del Cesid, Fernando Rodríguez González. Respecto al primero, el fiscal sostiene que El Lobo fue contratado en 1990 para "obtener información de las actividades personales y profesionales de aquellas personas que Javier de Godó consideraba antagonistas en sus actividades empresariales". El Lobo reunió a un grupo de seis personas -también acusadas en el proceso- para hacer los trabajos que en nueve ocasiones fueron pinchazos telefónicos ilegales. Tres resultaron fallidos.

El Lobo ordenó a las personas que había contratado la instalación de los aparatos de escucha en los domicilios y despachos profesionales de Alberto Garrofé, Carlos Fajardo -ambos antiguos directivos de la editora de La Vanguardia-, Rafael Jiménez de Parga, el periodista Carlos Pérez de Rozas y Javier Gimeno de Priede, directivo de Antena 3. Las escuchas ilegales tuvieron lugar en distintos periodos entre la primavera de 1991 y octubre de 1992. La policía localizó las cintas varios meses después en un despacho de La Vanguardia. Estaban debidamente ordenadas y e n sus carátulas aparecían las palabras "Popeye", "Tirantes" y "Judas", en referencia a las personas espiadas.

Además de los pinchazos, los fiscales -Concha Talón y José Maria Mena- sostienen en el escrito de acusación que en 1992 la secretaria del editor, Gemma Guillén, encargó a El Lobo, "cumpliendo órdenes de Javier de Godó", la instalación de cuatro micrófonos en dependencias del rotativo: el despacho del propio Godó, un anexo, un comedor privado y el despacho de la secretaria. El fiscal pide la misma pena a la secretaria que al editor.

Los fiscales sostienen que a finales de 1991 el antiguo mando del Cesid, Fernando Rodríguez González, recibió la orden de su superior, el director del CESID, Emilio Alonso Manglano, de ponerse en contacto con Godó "tras haberle expresado éste su desasosiego y preocupaciones por causas que no constan". Se trataba de una misión oficial, en la que Rodríguez González actuó como "funcionario del CESID". El ex coronel quedó vinculado con la editora de La Vanguardia, la empresa TISA (Talleres de Imprenta SA) mediante un contrato firmado el uno de junio de 1993, por el que el ex mando del CESID "ejercería funciones propias de asesor del presidente del grupo Godó". Con la misma fecha Rodriguez González firmó un segundo contrato con otra empresa del Grupo Godó, Distribución Domiciliaria.

Afirman los fiscales que el trabajo que Godó encomendó al ex coronel "era de información sobre las personas que aquél estimaba como adversarios en sus negocios, incluyendo actividades de seguimientos y grabaciones internas en La Vanguardia y externas a la misma". Añaden que fue el ex coronel quien hizo uso de una sociedad italiana, Aquarius Internacional, para instrumentar el pago de los servicios hechos al editor "como una supuesta retribución por un banco de datos biográficos de personalidades de Italia".

Perplejidad de las defensas

Los fiscales creen que todo ello era una documentación mendaz" para justificar la retribución y entienden que constituye una falsificación continuada en documento mercantil. Para el defensor del editor de La Vanguardia, Francesc Jufresa, no tiene sentido que la acusación más grave en un caso de escuchas telefónicas ilegales sea una supuesta falsedad en documento, Según Jufresa, las facturas no constituyen delito y están justificadas desde el punto de vista fiscal. Jufresa insiste en que Godó jamás ordenó los pinchazos y califica el escrito de fiscal de "novela". La defensa de Godó insiste en que el editor desconocía que se utilizarán métodos ilegales.

Los fiscales acusan al ex coronel del Cesid, además, de un delito de infidelidad en la custodia de los documentos, ya que la policía encontró, en su despacho de La Vanguardia, nueve expedientes que extrajo del CESID cuando pasó a la reserva. Todos ellos estaban clasificados como "secretos".

Para los defensores, el escrito del fiscal es desproporcionado. Dos de los abogados, Jufresa -que representa a Godó- y Fuster Fabra -que representa a El Lobo y al ex coronel-, insistieron en que todo el proceso judicial es nulo. Según la defensa las pruebas se obtuvieron por una intervención telefónica de algunas líneas de La Vanguardia autorizada por la Audiencia Nacional para perseguir un supuesto delito de actividades terroristas del que no se obtuvieron indicios. En definitiva, esgrimen lo ocurrido en el llamado caso Naseiro.