El PP acusa a Virgilio Cano de adjudicar 2.900 millones a una trama familiar

VIENE DE LA PAGINA 1El Partido Popular, que consideró "de risa" la apertura, cuatro años después, de un expediente disciplinario al funcionario -"ahora que, supuestamente, se han enterado por la prensa le van a castigar sin postre"-, escribió ayer la tercera y, de momento, última parte del caso Virgilio Cano. Los populares culminaron así su relato sobre un conjunto de contrataciones millonarias y presuntamente irregulares que beneficiaron a empresas que mantenían una relación de amistad o familiar con funcionarios y altos cargos de la consejería que dirige Virgilio Cano.

El consejero acusado, como había hecho con la primera y la segunda parte de la trilogía del PP, lo negó ayer todo: "Es difícil encontrar una administración que pueda exhibir un procedimiento más claro y transparente en este tipo de contra-tación", afirmó.

Por su parte, Manuel Cobo, el parlamentario del PP que ha estudiado los 120 contratos de la trama empresarial, consideró "esperpéntica" la declaración del consejero. Unas horas antes, Cobo cerró el ciclo de conferencias de prensa contra Cano con una sentencia mordaz: "En la Consejería de Cooperación anida la corrupción"

Irregularidades

Antes de llegar a esa conclusión, Cobo relató los procedimientos "irregulares" que durante tres años permitieron a las empresas Sumarce, Pronaves,Procoma, Perseo, Tecex, Sortam, Aocar, Imteyco, Rasec, Silton, Larube y Jorfe facturar, a costa de la Consejería de Cooperación, 2.913 millones de pesetas. La teoría del diputado popular se basa en dos anomalías recurrentes:

"En las adjudicaciones directas, las tres empresas invitadas pertenecían a los familiares de Parrón Zafra. Es como si la Comunidad de Madrid, para comprar trajes, pide ofertas a El Corte Inglés, Tiendas Corty o Hipercor. Lo normal es. que, además de El Corte Inglés, participen, por ejemplo, Cortefiel y Galerías Preciados. El procedimiento elegido por Cooperación me parece infumable".

"En los concursos se utilizan criterios subjetivos para contratar a las empresas de Parrón y, reiteradamente, se producen incrementos de hasta el 10% en el precio final como consecuencia de los aumentos de medición. De 93 contratos, en 86 se producen variaciones. Y en 46 de ellos interviene como técnico responsable de la, Comunidad de Madrid Máximo Parrón Zafra, que era yerno -o marido de las empresas que se beneficiaban del incremento de precio. Si durante tres años se dieron errores de cálculo e n 86 de las 93 obras, la Consejería de Cooperación tendría que haber advertido la informalidad de estas empresas que nunca cumplieron con lo establecido".

El PP considera que, Máximo Parrón, desde su privilegiada posición en la Consejería de Cooperación, intervino a favor de las empresas de su mujer y de sus suegros. "Virgilio Cano es culpable de lo ocurrido. Joaquín Leguina podría parecer que no ha sabido o no ha querido acabar con la corrupción. Pero me temo que ha sido incapaz de hacerlo", recalcó Cobo. Virgilio Cano replicó con sus datos: "En el conjunto de las adjudicaciones hay un grupo importante de obras por importe de 2.505 millones de pesetas cuya adjudicación se ha realizado por subasta en licitación pública. Las adjudicaciones directas fueron tramitadas por la comisión consultiva de contratación, órgano ajeno a la Consejería de Cooperación".

Sin embargo, el portavoz del Partido Popular asegura que 27 asistencias técnicas adjudicadas directamente no pasaron por la comisión a la que se refiere el, consejero socialista. Respectó al aumento de las mediciones que ocasionaron el incremento en el precio del contrato, Cano explica que es perfectamente legal y ocurre en la mayoría de las obras.

En su defensa escrita, el titular de Cooperación advierte que abrieron una investigación en junio de 1994, al enterarse por la prensa de la relación entre Máximo Parrón y un conjunto de empresas que habían contratado con la administración regional. "No creo que a, Virgilio Cano le pase lo que a Felipe González y se entere por la prensa de lo que ocurre en su departamento. Lo tenía que haber visto antes, y si no lo hizo debe dimitir por no ser capaz de controlar su consejería", denunció Manuel Cobo.

El PP no llevará sus denuncias a la estancia parlamentaria. "Hay arrobas de razones para solicitar una comisión, de investigación pero, por responsabilidad, no reclamaremos su creación pues tan sólo quedan dos meses para que finalice la legislatura y hay muchos proyectos de ley importantes esperando a ser aprobados".