El Partido Popular pacta con la izquierda la nueva Ley del Suelo

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La legisladora de Izquierda Unida considera que "cualquier partido puede sentirse a gusto con la norma". Su compañero Adolfo Gilaberte añade: "Al PP le viene bien la ley, pero no quiere decirlo".

La Ley del Suelo señala quién manda en el urbanismo de la región: "La ordenación del territorio es competencia de la Comunidad de Madrid" (artículo 2).

El territorio, con 8.028 kilómetros cuadrados, repartidos en 179 municipios, tiene los precios más elevados de suelo de toda España. Aquí trabajan los promotores inmobiliarios más poderosos del país. La nueva Ley del Suelo establece las condiciones que deberán cumplir quienes ejercen la actividad urbanística en la región.

El Partido Popular tan sólo se abstendrá o votará en contra de algunos artículos menores y de una cuestión principal de la Ley,- "Estamos contra la expropiación como único sistema para desarrollar un proyecto de interés regional`, afirma Ignacio del Río. "Hay otras fórmulas, como la compensación, la permuta de terrenos o la venta, que pueden ser igualmente interesantes". Pero el artículo 23 del texto definitivo no incluye estas fórmulas.

El Gobierno de Joaquín Leguina se reserva en la nueva ley la exclusiva competencia para definir las zonas donde promover equipamientos de interés regional, como vertederos, hospitales, casinos o universidades. La Ley del Suelo crea también un organismo para debatir y aprobar estos proyectos: la comisión de concertación territorial. En ella habrá representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea en relación con su número de escaños, un miembro del Ayuntamiento de Madrid y varios del resto de municipios.

El alcalde de la localidad afectada por un proyecto de interés regional tendrá voz y voto cuando Se reúna la comisión de concertación territorial. Este organismo podrá vetar, con el voto de los alcaldes, las grandes operaciones urbanísticas previstas por el Ejecutivo regional.

El Partido Popular ha conseguido rebajar de 16 años a 8 el plazo en el que un suelo rústico puede ser reservado para desarrollar un proyecto de interés regional.

Izquierda Unida, por su parte, quiere ampliar con sus enmiendas la legislación sobre montes calcinados. El Gobierno regional, para frenar operaciones especulativas en espacios naturales, introdujo un artículo que impedía la recalificación de un terreno incendiado durante 30 años para poder edificar. IU, en cambio, reclama una rápida recuperación de los terrenos devastados por el fuego.

La Comunidad, según la propuesta de IU, se encargará de la reforestación inmediata del monte quemado si su propietario no puede hacerlo. Más tarde, la Administración podrá pasar la factura al dueño.

El texto legal también establece que tan sólo una autorización especial del Parlamento regional permitiría al propietario de un monte incendiado construir sobre él.

Silencio negativo

También Izquierda Unida ha propuesto que los silencios administrativos sean considerados negativos en la gestión urbanística de los ayuntamientos. Mayte Martínez anuncia dificultades en la tramitación de esta enmienda. "Esperamos grandes diferencias entre los grupos al discutir este asunto. Pero nosotros queremos evitar el peligro de esta figura administrativa porque puede ocurrir que algún alcalde, apurando las posibilidades de la ley, no conteste a la petición de un promotor inmobiliario y, con el paso del tiempo, un terreno rústico pueda convertirse en urbanizable gracias al silencio positivo", asegura la parlamentaria. "Lo que pedimos no es descabellado". El Partido Popular, mientras tanto, defiende lo contrario.

Por último, la comisión parlamentaria ha pactado que la elaboración de un Plan de Estrategia Territorial -donde se establecerá el diseño urbanístico de toda la región- se remita a la Asamblea de Madrid para que se apruebe como si se tratara de una ley.

La nueva Ley del Suelo regalará a concejales y alcaldes de la Comunidad nuevas competencias urbanísticas. Los regidores de municipios que superen los 25.000 habitantes podrán tomar acuerdos urbanísticas sin necesidad de solicitar el visto bueno de la Comunidad de Madrid para ejecutarlos.