El PSOE busca el respaldo de la oposición para 'anmistiar' a los ocupantes irregulares de pisos públicos

Más de 7.000 familias habitan irregularmente pisos pertenecientes al patrimonio público -más de 87.000- del Instituto de la Vivienda de Madrid. El PSOE, que gobierna la Comunidad, planea una amnistía para regularizar la situación de estas personas y sus alojamientos. Antes de cerrar el trato con los vecinos afectados, los dirigentes socialistas quieren garantizarse el apoyo de la oposición regional (IU y PP).Francisco Ramón López Barquero, director general de la Vivienda, reunió el pasado viernes en su despacho a los portavoces de urbanismo del PP (Paloma García), IU (Adolfo Gilaberte) y PSOE (Juan Antonio Ruiz) para entregarles un borrador de decreto donde se establecen las condiciones de la amnistía.

Condiciones para ser legal

El texto ordena las condiciones que deberán cumplir los ocupantes de viviendas públicas "sin título jurídico suficiente" para legalizar su situación. Muchas familias que habitan estos pisos los compraron de manera fraudulenta -en muchos casos no se podían vender- o se subrogaron sin cumplir los trámites legales.

Los requisitos que establece el decreto para aprobar, la legalización son los siguientes:

- Que los solicitantes tengan constituido su domicilio de manera habitual y Permanente en la vivienda desde una fecha que aún no se ha determinado en el decreto.

- Que los ingresos familiares ponderados del ocupante no superen las 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

- Que carezcan de otra vivienda a título de propietario.

- Que no hayan sido anteriormente adjudicatarios de vivienda de promoción pública.

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios consultados por el director general de la Vivienda han pedido tiempo para estudiar el borrador de decreto. La diputada regional del PP, Paloma García, solicitó que, durante este periodo, el Instituto de la Vivienda de Madrid no ejecute desahucios que dejen sin techo a inquilinos que, cuando se apruebe el decreto de regularizacion, podrán, acogerse a él para legalizar su situación. Sólo en un caso la Dirección General de la Vivienda rechaza la amnistía. Los okupas seguirán siendo desahuciados.

Los vecinos apoyan esta medida, aunque negocian las condiciones de la legalización. La Federación, Regional de Asociaciones de Vecinos pide a los dirigentes regionales que no actúen con el afán de castigar.