El PP recurre contra la exigencia de las lenguas autonómicas a los jueces

El Partido Popular ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la reciente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras cosas, porque considera que se fuerza a los miembros de la carrera judicial a conocer los idiomas oficiales de las comunidades autónomas distintos del castellano si quieren ejercer sus funciones en esos territorios. Los artículos contra los que se ha recurrido fueron modificados en el Senado. El diputado popular Federico Trillo, declaró ayer que sospechaba que esos cambios son "un chantaje más" de los nacionalistas catalanes al Gobierno.

El artículo más discutido por el PP es el 231.4, que dice: "Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la iurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dis pongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión". La redacción anterior dejaba al juez la potestad de pedir la traducción.

Hasta ahora, dice el recurso del Partido Popular, el conocimiento de la lengua propia de una autonomía distinta del castellano se consideraba un mérito para acceder a los juzgados de aquella demarcación; con la nueva redacción, "de mérito pasa a ser prácticamente requisito sine qua non, de forma que se debilita el carácter nacional de la carrera judicial, se puede violentar el principio de unidad jurisdiccional y hasta de seguridad jurídica".

Conflicto de competencias

El recurso afecta también a otros artículos que atribuyen al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas competencias que, a juicio del Partido Popular, habrían de corresponder al Consejo General del Poder Judicial. Además, se impugna la atribución al Gobierno o las comunidades autónomas del desarrollo reglamentario de la propia ley orgánica, así como la atribución de competencias a las autonomías en todas las materias que afectan a funcionarios de las oficinas judiciales.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, declaró ayer en Tortosa que este recurso "responde a la misma línea que sigue el PP desde hace más de un año, respecto a la normalización lingüística, que ha abierto diversos litigios, ahora trasladados del mundo de la enseñanza al de la justicia", informa

Los partidos catalanes criticaron el recurso. Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC) dijo que "la política lingüística del Partido Popular parece dictada desde una tumba del Valle de los Caídos".

Joan Saura (Iniciativa per Catalunya) opinó: "Parece que el Partido Popular quiera que el Estado español vuelva a ser centralista y uniformizador".

Ramon Camp, portavoz de, Convergència i Unió en la Comisión de Justicia e Interior, manifestó que el recurso del PP, "es una expresión más de su política antiautonómica y anticatalana".

Simó Pujol (Partido Popular) calificó de "demencial" la reacción de los demás partidos, porque el recurso "no va contra la lengua".