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El Gobierno reconoce que no se ha cumplido el 40% de las resoluciones del debate de 1994

La fiebre de las mociones convirtió el debate del estado de la nación del año pasado en una sucesión espasmódica de votaciones con 107 propuestas aprobadas, dos más que las refrendadas, en los ocho debates anteriores. Qué se ha hecho con aquel torrente parlamentario de los días 19 y 20 de abril es algo que no está del todo claro. La oposición denuncia que casi nada de lo acordado se ha llevado a la práctica. Pero es que ni siquiera en las filas socialistas -Gobierno y grupo parlamentario- hay acuerdo sobre el grado real de cumplimiento de las resoluciones aprobadas.

Mientras en el Grupo Socialista se asegura que el Gobierno ha cumplido el 80% de las resoluciones, en un documento del Ministerio de la Presidencia se afirma que "en un porcentaje francamente relevante que se aproxima al 60%, cabe considerar como realizadas las acciones precisas para cumplir con las obligaciones asumidas".El Diario de Sesiones del Congreso enumera 107, divididas en dos grandes apartados: las relacionadas con la organización y el funcionamiento del Congreso -las nueve primeras- y los acuerdos relativos a la acción del Gobierno -entre la resolución número 10 y la 103-. Las tres últimas están incluidas bajo la rúbrica de "Otros acuerdos".

Entre el debate de 1994 y el que se inicia mañana han transcurrido poco más de 10 meses y un buen número de las resoluciones aprobadas entonces se ha plasmado en proyectos de ley que están en trámite parlamentario, en el Congreso o el Senado, y, al margen de las proposiciones que suponen llamamientos genéricos a la acción del Gobierno, un rastreo entre lo acordado y lo aprobado puede sintetizarse de la siguiente forma:

SIN NUEVO REGLAMENTO

El gran acuerdo para reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados no se ha producido, pero sí se han hecho reformas parciales que dan cumplimiento a las resoluciones.

Publicidad para las comisiones de investigación, como norma general.

Renovación de miembros de, órganos constitucionales. Se llevó a cabo, aunque siete meses después.

La comisión Rubio funcionó y emitió su dictamen reprobatorio.

Comisión para la financiación de los partidos políticos. Ha concluido su primera fase de investigación e iniciará la de estudio para elaborar propuestas legislativas.

No se ha creado la oficina presupuestaria para controlar el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado.

No se ha creado el Registro de Intereses de parlamentarios.

No se ha celebrado un debate sobre la tercera edad, pero una ponencia ha elaborado conclusiones sobre el problema fundamental que afecta a este colectivo: las pensiones.

JUSTICIA

El grado de cumplimiento de las resoluciones relacionadas directamente con Justicia e Interior es muy considerable.

Se ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La creación del jurado está ya en trámite en el Congreso.

La Ley de Protección de Testigos, Denunciantes y Peritos está en vigor.

El proyecto de nuevo Código Penal está a punto de iniciar su debate en el Congreso.

La Ley de Asilo y Refugio ha sido reformada.

No se ha reformado la jurisdicción contencioso-administrativa ni se han creado los juzgados correspondientes. Tampoco se ha puesto en marcha la renovación de la oficina judicial.

La objección de conciencia sigue sin ser reformada. Tampoco se ha abordado una nueva regulación legal para los insumisos.

DISCREPANCIAS TRIBUTARIAS

El campo de las resoluciones tributarias es muy controvertido.

La reforma de la Ley Tributaria ha sido remitida a las Cortes.

A partir de ahí, las diferencias de apreciación entre socialistas y populares son muchas. La reforma del Estatuto de los Trabajadores y del mercado laboral incluye numerosas modificaciones, pero, según informa Europa Press, el Partido Popular mantiene que no se ha hecho una reforma específica del Inem.

La reducción de tarifas en distintos impuestos se considera cumplida por el Gobierno, mientras el Partido Popular asegura que se ha incumplido la deflactación de la tarifa en algunos impuestos.

ARRENDAMIENTOS

La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos ha sido una de las grandes reformas legislativas desde abril del año pasado. La ley está ya en vigor, al igual que la regulación del Sistema Eléctrico Nacional.

Telecomunicaciones. Éste ha sido otro campo con grandes innovaciones. El proyecto de Ley de Televisión por Cable está en el Congreso, así como el de las televisiones locales. El Gobierno aprobó la liberalización de las telecomunicaciones.

El incumplimiento más significativo en el campo de las infraestructuras es la falta de ordenación del transporte aéreo.

En otro orden de cosas, el Gobierno asegura que ha puesto en práctica medidas como la reordenación de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y las garantías para financiar este sistema.

En el terreno autonómico están en marcha los estatutos de Ceuta y Melilla y se ha avanzado en el traspaso de competencias al Gobierno vasco.

Sobre la enseñanza, el Gobierno afirma que se han puesto en marcha "13 familias de cielos formativos" para la formación profesional.

El Gobierno asegura que el sector agrario tiene, en trámite o ya aprobadas, leyes sustanciales como la de Explotaciones.

Batería anticorrupción

La mayoría de las 27 medidas aprobadas en abril de 1994 para atajar el clima de corrupción está en fase de tramitación legislativa:Fiscalía anticorrupción: En trámite en el Senado.

Incompatibilidades de altos cargos. Se han endurecido severamente en el Congreso. Están en el Senado.

Se ha creado una unidad especial del Servicio Jurídico del Estado dedicada al tema.

Nueva regulación del delito fiscal. Pendiente de aprobación parlamentaria.

Contratos del Estado. Se trata de evitar la discrecionalidad de la Administración. Proyecto en el Senado.

Gastos reservados. La comisión del Congreso ya ha concluido su dictamen. Estará vigente en abril

Ley de Contrabando. El proyecto está en el Congreso. Incluirá la regulación de las partidas de gastos reservados que maneja Hacienda para la lucha en este campo.

Delitos. Diversas figuras delictivas, como el cohecho, la información privilegiada y el tráfico de influencias, serán reguladas en el Código Penal que se tramita en el Congreso.

No se ha enviado al Parlamento el proyecto para reformar el Tribunal de Cuentas, aunque fuentes del Grupo Parlamentario Socialista aseguraron que las reformas de la financiación de los partidos supondrán cambios importantes en las competencias del tribunal.

Tampoco se ha regulado la comparecencia ante el Parlamento de candidatos para altos cargos institucionales.

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