Ojeriza en el ministerio

La Gran Cruz de Carlos III, concedida por el Consejo de Ministros a Rafael Vera el mismo día de su marcha, sellaba, el 28 de enero de 1994, la estancia de 11 años del ex secretario de Estado para la Seguridad en el Ministerio del Interior. Vera, entonces con 48 años, era premiado públicamente por su "enorme dedicación" a la lucha antiterrorista.Tres días antes, Vera se había entrevistado en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Felipe González, para despedirse de él cordialmente y agradecerle la oferta que días atrás le había hecho llegar y que no aceptó: la Embajada de Argentina.

El final de etapa de Vera no sorprendió a nadie. El entonces titular del Interior, Antoni Asunción, lo había cantado el mismo día que Garzón puso el pie en su departamento. El 4 de enero, el ministro informaba que el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Baltasar Garzón, quedaba desde ese momento adscrito a Interior " por decisión del Gobierno".

El magistrado en excedencia veía prosperar así el informe que había remitido a Felipe González con una serie de argumentos que consejaban a su juicio dicha ubicación. Hasta entonces, Garzón dependía de Asuntos Sociales.

Asunción añadió dos datos: Vera -artífice de la política antiterrorista socialista- se iría a final de mes y su puesto no sería cubierto. El propio ministro asumiría todas las riendas de la lucha contra ETA. Garzón, por su parte, sería arropado con "todas las competencias necesarias" en materia de narcotráfico.

Teóricamente Vera y Garzón coincidieron el Ministerio del Interior una tres semanas, aunque todo indica, como el. propio Vera reconoció el jueves en televisión, que entre ambos no hubo apenas relación. Más bien todo lo contrario. Para Vera, es evidente la animadversión que pueda haber entre ambos.

Unas relaciones malas, pero que saltaron definitivamente por los aires el 16 de diciembre pasado, cuando Garzón incluyó a Vera como implicado en el sumario del caso GAL. El ex policía José Amedo decidió ese día, por causas todavía desconocidas, contar al juez su relato del secuestro de Segundo Marey (el 4 de diciembre de 1983), al que presumiblemente los GAL confundieron con un activista de ETA. En el sumario quedaron plasmados los nombres, entre otros, de Rafael Vera, José Barrionuevo, Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea y Alfonso Guerra.

Amedo, ex subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía condenado por actividades de los GAL, en régimen abierto desde julio pasado, asegura que Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, mantuvo contacto telefónico con Sancristóbal con ocasión del fallido intento de secuestro de un etarra en Francia.

Según consta en el sumario, con ocasión del intento de secuestro de José María Larretxea Goñi, activista de ETApm, hecho ocurrido en Francia el 18 dé octubre de 1983, Sancristóbal -entonces gobernador civil de Vizcaya- llamó a Rafael Vera -director de la Seguridad del Estado- desde la casa del jefe de Policía de Bilbao, Francisco Álvarez, para informarle que los cuatro policías encargados de la misión habían regresado ya a España.

La operación fracasó al intevenir casualmente varios gendarmes franceses. Según Amedo, los cuatro agentes se trasladaron a Madrid, donde cobraron cada uno 200.000 pesetas.

Tres días después de esta declaración, el juez Garzón sometió a un careo de media hora a Sancristóbal y a Amedo. El ex policía mantuvo la versión de que el entonces gobernador informaba a Vera ; Sancristóbal replicó que nunca mantuvo esa conversación telefónica y que desconoce si se entregó o no di nero a los cuatro policías. Tanto Amedo como su compañero Michel Domínguez acusan también a Vera y a su ex secretario personal, Juan de Justo, de coordinar el pago de 200 millones de pesetas en Suiza a ambos ex policías.

Precisamente ayer declararon ante Garzón el comandante de la Guardia Civil Félix Hernando y el comisario de policía Aníbal Machín, quienes habrían ingresado, en tres entregas, parte de esos 200 millones en cuentas corrientes abiertas a nombre de las esposas de Amedo y Domínguez. Una cuarta entrega la habría efectuado Juan de Justo. El dinero procedería de los fondos reservados de Interior.