El decanato deberá decidir qué juez investiga el uso de los fondos reservados

La Fiscalía de Madrid ha dejado en manos del decanato de los juzgados de la plaza de Castilla, tal como marca la ley, la elección del órgano judicial que debe investigar el presunto mal uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior. La fiscalía asegura en un informe que la designación del juez competente se enmarca dentro de un "conflicto de las normas de reparto" de los asuntos judiciales, y que no le compete a ella tal decisión, sino al juzgado decano. "No entendemos por qué nos han preguntado a nosotros al respecto; lo único que queremos es que la investigación empiece de una vez y no se demore más", indicaron ayer fuentes de este departamento.Los fiscales han emitido ese informe después de que el Juzgado de Instrucción número 43, que dirige la magistrada María Jesús Coronado, decidiera inhibirse hace casi un. mes de investigar los fondos reservados por entender que el idóneo para ello es el Juzgado número 20.

El argumento ofrecido por, Coronado se basa en que el Juzgado número 20 fue el primero que conoció de un asunto -en concreto, una denuncia del empresario José María Ruiz-Mateos- relacionado con una presunta malversación de fondos reservados en el Ministerio del Interior. A Coronado le llegó, hace poco más de un mes, por reparto y procedente del Tribunal Supremo, una querella del Partido Popular en la que también se denuncia el supuesto reparto entre alto cargos de Interior de sobresueldos con cargo a los fondos reservados.

'Caso Roldán'

Según fuentes judiciales, lo más probable es que el decanato decida que el asunto es competencia del Juzgado número 20. No obstante, hay un problema: este juzgado archivó la denuncia de Ruiz-Mateos. Y si finalmente se reabre el caso, las partes podrían alegar en' su día que el archivo decretado implica que el asunto les cosa juzgada" y, en consecuencia, "no se pueda proceder contra nadie".

Otras fuentes judiciales entienden, en cambio, que este argumento, que "ciertamente podría darse", "es opinable". Alegan estos medios que existe doctrina del Tribunal Supremo que, ante la aparición de nuevos elementos (la denuncia de Ruiz-Mateos sólo se sustentaba en recortes de prensa), posibilita una reapertura de la investigación.

En el momento en que el juzgado decano de Madrid dictamine qué juzgado es el idóneo, aplicando exclusivamente la actúa normativa sobre el reparto de causas, la juez que instruye el caso Roldán, Ana Ferrer, le remitirá la copiosa documentación que obra en su poder sobre el presunto mal uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Lajuez Ferrer dispone de centenares de talones del Banco de España, librados por Interior y con cargo a los fondos reservados, parte de los cuales fueron utilizados, presuntamente, para pagar sobresueldos.