La Policía investigó a los GAL "a través de recortes de prensa"

La policía española sólo investigó a los GAL "a través de recortes de prensa", según el informe que la Comisaría General de Información elaboró en marzo de 1.986 a petición del fiscal del caso Caplanne, ciudadano francés asesinado el 24 de diciembre de 1985. El propio comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, ratificó ante el juez Garzón, el 18 de noviembre de 1988, que "la única información que había era la de prensa y no estaba contrastada con datos policiales de Francia o Portugal".Según Martínez Torres, "tratándose de una organización que actuaba en Francia, el declarante no tenía que investigarla, como tampoco por ejemplo al IRA o a las Brigadas Rojas". Cuando surgió dicho grupo terrorista, argumentó, no había datos objetivos para investigar y, más tarde, estaban actuando los jueces, por lo que era "improcedente, abrir una investigación paralela".

Nunca, agregó el comisario, recibió de la policía francesa o portuguesa "algún dato o indicio de que funcionarios policiales españoles pudieran estar relacionados con el GAL". Tras publicarse en los periódicos la implicación de Amedo, Martínez Torres, según sus palabras, llamó '1aljefe superior de Policía de Bilbao, preguntándole que qué había de cierto en ello e informándole éste que había hablado con el interesado y le había dicho que todo era falso y se trataba de un montaje de Herri Batasuna".

A falta de una investigación sobre el origen, dirigentes o fuentes financieras del grupo terrorista, la actuación de las fuerzas de seguridad se limitó a que, "cuando han tenido conocimiento de que había algún comando de los GAL en el interior del territorio nacional, han procedido a su detención y desarticulación".

Dos han sido las operaciones policiales contra los GAL en España. El 1 de enero de 1984, Daniel Fernández Aceña y Mariano Moraleda Muñoz fueron detenidos en la frontera de Irún, tras asesinar al ferroviario francés Jean Pierre Leiva. La Audiencia Nacional les condenó, el 9 de diciembre de 1985, a 29 años de prisión -que Aceña cumple en la cárcel de Badajoz y Moraleda en Logroño- por asesinato, tenencia de armas y pertenencia a banda armada". No se aclaró, sin embargo, quién organizó y financió el comando, pues el industrial de Irún Víctor Navascués, denunciado por los condenados, salió absuelto.

El 14 de enero de 1987, Luis Fariñas García, Javier Rovira Llor, Jorge Porta Laborada, Carlos Pedemonte Blay y Carlos Laborda Costa fueron detenidos en Barcelona por el asesinato del francés Robert Caplanne, otro error de los GAL. La Audiencia Nacional condenó, en noviembre de 1987, a 34 años de cárcel a Rovira; a 26 a Fariñas y Porta; y a cuatro meses y un día a Pedemonte. Todos ellos están en libertad o disfrutan del régimen abierto. Tampoco en esta ocasión se pudo ir más allá de los autores materiales del crimen pues, según la sentencia, fue Ismael Miquel, un confidente policial que se dio a la fuga poco antes de la redada y actualmente cumple cadena perpetua en Tailandia por tráfico de drogas, quien "por propia iniciativa o en cumplimiento de órdenes de un tercero no identificado", ordenó el atentado y facilitó los medios.

Pese a basarse en "recortes de prensa", el informe de la Comisaría General de Información, de 3 de marzo de 1986 -cuando ya se atribuían 23 asesinatos a los GAL-, adelanta algunas hipótesis: "Es notoria la pertenencia de muchos de los detenidos por medios policiales franceses al mundo del hampa, tanto de Burdeos como de Marsella, así como de otros que pertenecieron a la antigua O. A. S.", grupo terrorista opuesto a la independencia de Argelia.

"En cuanto a la selección de las víctimas", señala el informe, "en una primera fase, se hacía. (le forma muy selectiva, buscando la mayor efectividad, con datos precisos y un modo de acción rápido y limpio. En la actualidad, sin embargo, el modo de operar es enormemente más burdo, sin información definida, con apoyo escaso y realizando la acción de modo indiscriminado.

Como prueba de lo expuesto, se puede comparar el atentado sufrido por el dirigente de ETA Miguel Goicoechea, asesinado en plena nocturnidad, a una distancia considerable y cuando iba andando, con el atentado realizado en el bar Batxoki de Bayona, cuando por disparos de metralleta resultaron heridas seis personas".

Por el atentado al Batxoki fueron condenados, precisamente, Amedo y Domínguez. Según la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1991, los mercenarios portugueses contratados por los policías pretendieron atacar el bar Des Pyrenees de Bayona pero, "al apreciar que en dicho local se encontraban hasta una treintena de personas de uno y otro sexo, desistieron inmediatamente". Amedo y Domínguez, que les esperaban al otro lado de la frontera, "dijeron que habíamos hecho mal en no matar también a las mujeres, ya que eran tan peligrosas como los hombres", explicó uno de los pistoleros, José Paulo Figueiredo. Según la sentencia, al día siguiente, 8 de febrero de 1986, los portugueses se dirigieron al bar Batxoki y "pudieron ver que dentro había algunos niños y, a pesar de que esperaron a que abandonasen el bar, decidieron pasar a la acción, por considerar que se hacía tarde y tras comentar que los terroristas de ETA, en iguales circunstancias, no desistirían". Una niña de 4 años recibió dos balazos y otra de 5, sufrió heridas superficiales. "Cuando nos negamos a hacer el atentado de Bayona, [Amedo y Domínguez] nos dijeron que sus jefes estaban muy enfadados con nosotros. Hicieron la misma observación después de lo del Batxoki, ya que no hubo ningún muerto, pero entonces nos dijeron que si podíamos llevar a cabo otra misión con resultado positivo, es decir, con muertos, nos pagarían algo más", declaró Figueiredo.

Las fuentes de financiación de los GAL ha sido hasta ahora uno de sus mayores enigmas. El informe de la Comisaría de Información se limita a sugerir que quizá "estén relacionadas con el narco-tráfico e incluso con la realización de atracos a mano armada". El juez Garzón concluyó, sin embargo, que no había "datos objetivos o subjetivos" que avalaran una financiación privada, por lo que quiso investigar la posible "desviación de fondos públicos", pero Interior se lo impidió, alegando el carácter secreto de los fondos reservados.

El fiscal apoyó, la postura de Garzón, recordando que Amedo y Dominguez emplearon "cantidades importantes de ese dinero en beneficio propio, sin pagar a los mercenarios lo pactado". Más crudo, el comisario francés Roger Bossle acusó a los jefes de los GAL de mandar a los pistoleros "a una ratonera, a sabiendas, para ahorrarse las cantidades prometidas".