Belloch asume la autorización para la entrevista de Sancristóbal en TVE, pero "deplora" su contenido

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, asumió ayer en el Congreso toda la responsabilidad de autorizar que las cámaras de TVE entrasen en la cárcel para entrevistar al ex director general de Seguridad,Julián Sancristóbal. Belloch defendió su posición con numerosos preceptos legales, pero consideró "deplorable" el contenido de las declaraciones del ex alto cargo de Interior. El ministro no convenció a PP ni a IU. Los primeros le acusaron de haber ordenado la entrevista y los segundos pidieron la cabeza del director de TVE, Jordi García Candau. El presidente del CGPJ, Pascual Sala, señaló ayer que Sancristóbal tiene derecho a usar su libertad de expresión, y que ésta no puede coartarse, aunque sí "modularse".

"Puedo decir que usted, personalmente usted, fue quien autorizó y ordenó la entrevista" a TVE de Julián Sancristóbal, acusó Federico Trillo, en nombre del PP. "Sólo su autoridad pudo vencer la resistencia de su secretaria de Estado [de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso] y del director de la prisión", añadió.El diputado elevó, con acusaciones como ésta, la tensión en la comisión del Congreso, ante la que compareció Belloch para dar explicaciones sobre el caso SancristóbaL Sólo IU se sumó al PP, al argumentar que la entrevista se hizo sin permiso del juez, y pidió el relevo de García Candau.

Belloch utilizó toda una batería de preceptos legislativos para demostrar que el preso preventivo no puede ver limitados sus derechos constitucionales y que en estos casos "no es necesario ni exigible el permiso del juez". Sobre el artículo 524, esgrimido por Garzón para argumentar que este tipo de comunicaciones debe ser autorizado por el juez, el ministro aseguró que "una lectura parcial y asistemática" de tal precepto "carece de base legal, y tal interpretación puede ser inconstitucional".

El ministro proclamó con solemnidad que "la censura previa está vedada afortunadamente por el artículo 20 de la Constitución". Según él, "una mera indicación del juez, incluso verbal" hubiera bastado impedir la entrevista".

Al margen de la batalla jurídica, Belloch consideró "deplorable" el contenido d e las declaraciones de Sancristóbal y agregó que, si el Gobierno se hubiera guiado por criterios de oportunidad política" no las habría autorizado. Sus palabras desataron la risa en los escaños de la oposición, por lo que Belloch, muy irritado, censuró a quienes dan más crédito al ex policía José Amedo que al ex director general de Seguridad.

El ministro se hizo "plenamente responsable" de autorizar la entrevista pese a que no tuvo conocimiento previo de la misma. Agregó que suscribía la nota del consejo de RTVE en la que se reconocía la profesionalidad de los periodistas, pero se lamentaba del tratamiento dado a la entrevista.

Belloch aprovechó la intervención para hacer una solemne declaración sobre los GAL: "El Gobierno sostiene que ningún bien jurídico justifica el uso de medios no ajustados a derecho" y "las imputaciones que se achacan al Gobierno sobre los GAL son legalmente falsas mientras no hayan sido acreditadas".

Trillo calificó la intervención del ministro de, "ilegal, ridícula y falsa". Además, hizo una auténtica puesta en escena al apilar sobre su escaño varias ediciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otros textos jurídicos.

El representante popular calificó de "irregular" la entrevista de Sancristóbal y rebatió la lectura del artículo 524 de la Ley, de Enjuiciamiento Criminal hecha por Belloch. "Hoy ha quemado definitivamente su pasado, ha quemado su figura como juez y político, y si es el precio que ha pagado para ser ministro creo que no le merecía la pena", proclamó, tras pedir explicaciones sobre dos cartas que, presuntamente, envió Amedo a Belloch en octubre de 1993 y febrero de 1994.

Emilio Olabarría, en nombre del PNV, defendió el planteamiento jurídico del ministro, según el cual no es necesaria autorización judicial para que un preso preventivo pueda hacer declaraciones.

Esta postura coincide con la de Pascual Sala, presidente del Consejo del Poder Judicial, si bien éste matizó en declaraciones a RNE que tal derecho debe ser "modulado, pero no tiene porqué ser autorizado, ni siquiera por el poder judicial". Sala hizo lo que puede interpretarse como un crítica a Garzón, al afirmar que se debe consultar al juez para que realice esa modulación y que éste "debe contestar y no evadirse". Ramón Camp, portavoz de CiU, estimó que "hubo un punto de imprudencia" al autorizar la entrevista.

Ventura Pérez Mariño, portavoz del PSOE, señaló que el Gobierno actuó de buena fe, aunque cree que no debió autorizarse la entrevista. Dijo que no le gustó el tratamiento dado a la entrevista por TVE, que había hecho una "apuesta por los contenidos", desencadenando así una "aparente ofensa al poder judicial".

Sancristóbal se refirió en la entrevista a una "conspiración" contra el Gobierno, dirigida por un misterioso "señor Z", de la que formaría parte el juez Garzón. Felipe González declaró más tarde que él también creía saber las razones que han provocado la resurrección del caso GAL, pero que no iba a desvelarlas para no interferir en la labor judicial.

Previamente a este debate, la comisión de Justicia e Interior había aprobado la nueva ley sobre fondos reservados.