Qué pasa aquí

La forma interrogativa del título no anuncia respuestas categóricas ni soluciones arbitristas, sino que encierra una invitación a la reflexión: la raía y la del lector. Escribo mis dudas, que son muchas, más que mis certezas, que son pocas y versan sólo sobre cuestiones de principios. Para aclarar mis ideas adopto un enfoque cronológico.¿Qué pasó, entonces? Entre 1983 y 1987 los veintitantos asesinatos y secuestros atribuidos al GAL fueron, otros tantos monstruosos crímenes. Justificarlos o disculparlos en nombre de la eficacia o de la razón de Estado sería, entonces, ahora, aberrante. La razón de Estado del Estado de derecho es, el derecho, o, mejor todavía, los derechos, sobre todo los fundamentales de los ciudadanos. Censurar sólo la torpeza con que se cometieron aquellos hechos sería, entonces y ahora, un ejercicio de cinismo. A partir de este núcleo sólido de certezas, se acumulan todo tipo de dudas y preguntas respecto a lo que de hecho sucedió. Cualquier vinculación, más grave cuanto más elevada, entre funcionarios del Estado y aquellos crímenes debe ser condenada en el terreno de los principios e investigada judicialmente en el de los hechos para que sean juzgados quienes resulten implicados. Conviene no olvidar que los indicios sumariales no son pruebas porque no han sido contrastados en un juicio público, imparcial, contradictorio y don todas las garantías; que, por lo mismo, no destruyen la presunción de inocencia de los imputados ni de quienes no lo son, y que un sumario, por más que se convierta en un secreto a voces, no puede ser la base de un juicio paralelo, periodístico y a priori condenatorio, sin que se subviertan, también por ahí, los cimientos del Estado democrático de derecho,

¿Qué está pasando ahora? Que se, ha resucitado una pesadilla. Por comodidad inconsciente o porque algunos casos habían sido juzgados y otros estaban a punto de prescibir, lo cierto es que la incógnita de los GAL estaba políticamente dormida u olvidada. Pero ha sido sacada a flote y ya no es posible mirar para otro lado. Lejos de ello ahora todos, incluidos muchos de los que entre 1983 y 1987 nada dijeron ni hicieron en ese sentido, gritan y condenan, y algunos que en 1981 pedían la pena de muerte para los terroristas de ETA crucifican ahora a quienes suponen organizadores o financiadores del GAL. Hay mucho de hipocresía en el actual coro de lamentaciones. Pero el reconocimiento de todo tipo de fariseísmo y de oportunismo no puede ni debe servir como cortina de humo para ocultar la cuestión de fondo: los crímenes del GAL. No obstante, sería un reduccionismo ingenuo no percibir la dualidad y simultaneidad de fenómenos a los que el ciudadano asiste como espectador perplejo: un gravísimo proceso penal en fase suma riál y un proceso político de crisis institucional, el primero de los cuales está sirviendo objetivamente como instrumento al segundo.

¿Por qué pasa lo que está pasando? En último término porque. los crímenes del GAL están ahí, resucitados y no resueltos, pero también porque una serie de circunstancias y de coincidencias, intencionadas o no, buscadas o no, han abierto la cicatriz mal cerrada. Las secuelas del caso Roldán permiten el establecimiento de conexiones entre fondos reservados y financiamiento de los GAL; el mismo día que presta declaración judicial un importante financiero, convertido en ídolo caído que, de poderoso pasa a preso preventivo pero no arruinado, recobran la memoria dos testigos de cargo que fueron condenados y no indultados; un juez que sacó billete de ida a la política termina su viaje de vuelta ocupando el mismo puesto de juez instructor del principal asunto de los GAL; algunos periodistas asumen la doble función de difusores de secretos sumariales revelados, y de protagonistas de una lucha política; la peseta baja cuando los indicadores de la economía real parecen ser más esperanzadores. Podríamos seguir enumerando coincidencias que actúan como causas de la actual confusión. Todo Parece estar relacionado con todo, y todo y todos convergen objetivamente en la producción de un resultado: una crisis política que con toda evidencia amenaza al Gobierno, pero que afecta. también. a otras instituciones.

El excesivo protagonismo de algunos jueces y los efectos disfuncionales de una norma legal que facilita no sólo el pase de un juez a la actividad política -lo que es en si mismo inatacable, como yo mismo argumenté en estas páginas-, sino también su regreso inmediato desde la alta política a la judicatura, lo que constituye algo objetivamente peligroso, han puesto en entredicho la relación entre jueces y política, con desprestigio para aquéllos y para ésta. El Estado de derecho, que comenzó siendo Estado legal de derecho y después Estado constitucional y democrático de derecho, no puede convertirse en Estado judicial de derecho sin perturbar el equilibrio entre muchas de sus princi pales instituciones, orque implicaría una transformación radical para la que ni los ciudadanos ni el sistema están preparados.

Por otra parte, pero a la vez, asistimos a una feroz contienda política no protagonizada por los partidos y que no tiene lugar en el Congreso de los Diputados, sede natural prevista por la Constitución para ello, sino en otros ámbitos. Un partido, el del Gobierno, no demuestra capacidad de reacción. Otros, los principales de la oposición, van a remolque de iniciativas periodísticas y actuaciones judiciales, insinúan alianzas contra natura y no se deciden a reconducir por cauces parlamentarios una situación frente a la cual corren el riesgo de desempeñar el papel de aprendiz de brujo.

En consecuencia, maldades ajenas y errores propios, pecados de omisión, delitos no aclarados antes pero perseguidos ahora y coincidencias de todo tipo dibujan un panorama kafkiano del que a todos nos interesa salir, con este, o con otro Gobierno, pero partiendo de la convicción de que las cosas han llegado a un punto en que la solución no consiste en despejar sólo esa incógnita.

¿Qué puede hacerse para que deje de pasar lo que está pasando? Ante todo hay algo que sólo puede dejar de gravitar sobre la realidad política llegando a su término, terminando. Me refiero, como es obvio, a los procesos penales en curso, en especial el o los concernientes al GAL. Instrúyanse los sumarios con celeridad y, discreción; sean los jueces instructores escrupulosos en grado sumo, porque los escrúpulos propios son garantías ajenas; guarden y protejan con el máximo celo el secreto del sumario; lleguen al fondo en sus indagaciones y pasen cuanto antes sea posible sin perjuicio de la investigación, las instrucciones sumariales a la fase siguiente: al juicio oral con todas las garantías. ¿Es mucho pedir que. entretanto todos los interesados hagan un esfuerzo máximo por acotar a su estricto y, de momento, secreto campo, el contenido de las investigaciones? Si se sacaron de su sitio, el sumario secreto, las declaraciones de unos testigos de cargo, no puede extrañar que poco después los acusados en el proceso paralelo y periodístico se defiendan acusando en otro u otros medios de comunicación. Es muy grave lo que unos y otros declarantes dicen. Es más grave aún que lo hagan fuera de su sitio, el proceso, y todo ello con el riesgo de que se pueda desembocar en su día en. una resolución judicial del órgano competente declarando quizá la nulidad de las actuaciones. ¿A nadie preocupa el respeto a lo que el Tribunal Constitucional ha denominado "imparcialidad objetiva" de los jueces?

El ámbito de la investigación criminal. debe recuperar su autonomía respecto al de la política. O quizá fuera mejor decirlo a la inversa. La política no puede ni debe ir a remolque de un determinado sumario. Sepárense los campos de las responsabilidades penales y políticas. Y la principal responsabilidad política consiste en reconducir la crisis actual por cauces institucionales.

El Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados deben ser las instituciones prioritarias para hacer política. Remédiese cuanto antes lo que parece una pérdida de protagonismo del uno y del otro. Porque el sistema democrático ha de tener su centro en estas instituciones, no en algunas situadas en el seno de la sociedad, fundamentales para ejercer libertades y formar opinión, pero no para hacer o deshacer Gobiernos ni para sustituir debates y negociaciones, controles y enfrentamiento que tienen en el Parlamento su lugar de desenlace y en el Consejo su punto de iniciativa natural por lo que al Gobierno concierne.

Si se lograra separar la investigación judicial y la actuación política de modo que ambos campos recuperasen su plena autonomía, y la política se instalara en las instituciones -Consejo de Ministros, Parlamento, partidos políticos-, habría que busca r en éstas la elección entre varias decisiones posibles: 1 una cuestión de confianza, 2 una moción de censura, 3 la dimisión del presidente de Gobierno, para dar paso a otro candidato, a presidente que habría de someterse a la moción de investidura, 4 la disolución de las Cámaras para convocar elecciones generales, y 5 la de, desechadas las anteriores opciones, seguir como ahora con un Gobierno apoyado parlamentariamente por CiU y PNV.

Suele ser más difícil la terapia que el diagnóstico. Cada posible solución tiene argumentos a favor y cuenta con sus valedores y no cabe en los límites de este artículo el análisis de todos los pros y los contras, que sólo pueden ser aquí escuetamente apuntados. Si, como se dice, la oposición descarta la segunda solución; si la cuarta implicaría un mayor grado de desestabilización del sistema sin haber ensayado otras opciones menos traumáticas; si, como parece, la tercera dudosamente contaría con el apoyo de CiU, y si la última podría ser interpretada como expresión de inmovilismo y carencia de iniciativas, parece que la cuestión de confianza presentada al Congreso por el presidente del Gobierno ara formar uno nuevo con entrada en él de CiU y el PNV puede ser la solución viable. Y ello no sólo por eliminación de las demás, sino porque significaría el uso de una opción constitucional hasta ahora no ensayada, más ortodoxa que el apoyo al Gobierno desde fuera y que por lo mismo generaría mayor estabilidad y confianza, sin .olvidar un importante efecto de integración estatal, por todo lo cual podría servir para. apaciguar los ánimos y encauzar el ejercicio de la política por vías y soluciones institucionales.

Tanto la cuestión de confianza como la moción de censura tendrían la virtualidad de devolver a las instituciones su papel y el protagonismo a los protagonistas políticos. El último objetivo a perseguir para salir de la situación actual es poner las cosas en orden. Importa mucho, sin incurrir en una procupación economicista, estabilizar y sanear la economía. Pero importa tanto o más aclarar confusiones entre la política y la justicia. Hagan justicia los jueces en juzgados y tribunales con arreglo a, la Constitución y las leyes. Hágase política según sus propias normas jurídicas y no jurídicas, en el Parlamento, en el Consejo de Ministros y entre. los partidos. Cada cosa en su sitio. La delimitación entre estos dos campos no puede trazarse con claridad lineal como si se tratara de los límites fronterizos de un mapa. Pero las continuas e impunes invasiones de las fronteras entre los terrenos judicial y político son perniciosas para el sistema. Cada cosa en su sitio. Porque así, como están ahora, fuera de quicio, no es bueno seguir. Quizá sea eso lo peor que pasa aquí.