Pujol garantiza a González su apoyo hasta 1997

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se trasladó ayer al Palacio de la Moncloa para mostrar personalmente al presidente del Gobierno, Felipe González, su interés en mantener el apoyo parlamentario para la legislatura que termina en 1997. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, ya conoce esta situación, que le fue transmitida por el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y el responsable de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran. González recibe así un espaldarazo acorde con su estrategia de transmitir que cuenta con apoyo para seguir adelante. La entrevista sorpresa que mantuvieron ayer Pujol y González tiene un significado fundamentalmente político en el deseo del primero de mostrar al jefe del Gobierno de la nación que tiene su apoyo para toda la legislatura "siempre que no haya alguna sorpresa que lo haga variar", según fuentes de la Generalitat de, Cataluña.

El almuerzo de ayer nada tiene que ver con la cita a la que ambos se habían emplazado el pasado 12 de diciembre para tratar asuntos concretos de política autonómica y económica. Esta reunión se celebrará el próximo mes de marzo.Ayer se trató de que la opinión pública y la oposición sepan que González mantiene la mayoría parlamentaria que le brinda Pujol, y que también puede contar con el PNV para conseguir "la estabilidad" de la acción del Gobierno, como gusta decir el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti. Pujol canceló las citas que tenía ayer en Barcelona para trasladarse a La Moncloa, dado que el almuerzo se había concertado el día anterior, jueves, con cierta premura.

El secretario general del Portavoz del Gobierno, Miguel Gil, confirmó que Pujol había expresado a González su interés en mantener su apoyo durante toda la legislatura.

Jordi Pujol restó trascendencia al encuentro horas después cuando llegó a LLeida, donde tenía una reunión con militantes de su partido. Pujol señaló que la entrevista estaba acordada desde diciembre, informa Luis Visa. "Esta reunión entra dentro de la rutina de nuestras relaciones y es lógico que cada mes y medio o dos meses nos veamos con el presidente del Gobierno". Pujol insistió en que el apoyo de CiU a la gobernabilidad es una cuestión ya aclarada desde hace tiempo: "La hemos practicado en el Parlamento a través de las votaciones, que es donde se pone de manifiesto si hay acuerdo o no. No son las palabras, sino los votos [en el Congreso] lo que cuenta".

Colaboración inalterable

Ésta breve declaración de Pujol también es considerada normal en medios de la Generalitat de Catalunya, al dar por sentado que públicamente será muy difícil escuchar de su propia boca al político catalán que apuntala al Gobierno de González hasta 1997. En principio, confían en que la colaboración se mantendrá inalterable hasta después de la presidencia europea de España, es decir, hasta diciembre de 1995. Después entrarán en juego otras variables, entre ellas la pro ximidad de las elecciones catalanas.

Mientras González y Pujol almorzaban, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecía ante los medios de comunicación para seguir con el mensaje de tranquilidad, por un lado, y la insistencia en que el Ejecutivo no hace declaraciones sobre las acciones judiciales. Entre tanto, numerosos dirigentes socialistas sí opinaron durante todo el día, abundando en la tesis gubernamental de la conspiración para derribar al Gobierno.

El ministro de la Presidencia aseguró que el Gobierno no había analizado ayer la situación política -al contrario de lo que ocurrió en el anterior Consejo de Ministros-, sino de cuestiones que "preocupan a los ciudadanos". Citó en concreto temas de sanidad, -compareció con la ministra Ángeles Amador- educación y vivienda. Desde su perspectiva, Pérez Rubalcaba no interpreta en absoluto que la unanimidad de las Asociaciones de Jueces en apoyar al magistrado Baltasar Garzón signifique una declaración de guerra entre el poder judicial y el Ejecutivo. El ministro tan sólo se desvió en su intención de no hacer alusión a todo lo que rodea al caso GAL para afirmar la legalidad que había rodeado las entrevistas periodísticas concedidas por el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, tratará de demostrarlo el próximo jueves cuando comparezca en el Congreso.

"Esperamos que con esta comparecencia puedan llenarse algunas lagunas jurídicas que han mostrado distintos líderes políticos, incluso alguno que se autotitula como reputado jurisa", dijo Rubalcaba en clara alusión al diputado popular, Federico Trillo. El PP e IU han reaccionado con virulencia ante la celebración de esta entrevista y también por el contenido de las declaraciones de Sancristóbal.

"Reducir el PSOE a cenizas"

Lo cierto es que mientras que el Gobierno pide que se tome nota respecto al silencio que mantiene sobre las actuaciones judiciales, altos dirigentes del PSOE, de la máxima confianza del Ejecutivo, no tienen inconveniente en mostrarse más espontáneos. Manuel Chaves fue muy rotundo en declaraciones a Radio Nacional. "No se trata sólo de impedir que el PSOE pierda. las elecciones sino que quede reducido a cenizas". Chaves tampoco tuvo inconveniente en afirmar que el juez Garzón debía ser "ética y moralmente" incompatible para entender del caso GAL ya que sólo hace unos meses era "un alto dirigente del Ministerio del Interior".

El secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE, Txiqui Benegas se sumó ayer a la tesis de la operación contra el Gobierno. "No tengo pruebas para saber si existe una conspiración, pero. hay cosas muy raras", informa desde Alicante María José Pastor.

Benegas consideró que el poder judicial no está sujeto a control, a diferencia de lo que ocurre con los poderes ejecutivo y legislativo. Y lamentó que los jueces estén exentos de crítica. "Una cosa es acatar las decisiones, y otra la crítica", dijo, "y los políticos y ciudadanos tenemos derecho de criticar a los poderes judiciales y a los medios de comunicación sin que se atente contra ellos".

El presidente del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, decía en Madrid: "Los jueces tienen en el ámbito de su responsabilidad perfecto derecho a expresar su opinión. Otra cosa es que no estemos obligados a compartirla al completo".

El alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, consideró que España tiene la clase política "más cobarde de Europa", al temer a los medios de comunicación y no decir en alto que las instituciones funcionan. El dirigente del PSE Ramón Jáuregui considera "desquiciada" la vida política por su judicialización.

Los grupos parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto pidieron ayer en el Congreso de los Diputados la comparecencia de González, en febrero, para que dé explicaciones sobre los GAL.