Empleo quiere llegar a la vía penal para recuperar las subvenciones dadas a Ibercoop

El último informe remitido a la Asamblea de Madrid por la Dirección Regional de Empleo, que concedió 69 millones a un grupo de 12 empresas relacionadas con la cooperativa Ibercoop por informes falsos, reconoce la, necesidad de ejercer acciones penales contra los empresarios por fraude de subvenciones. Hasta ahora, tan sólo se habían emprendido acciones civiles -que no implican penas de prisión- para recuperar el dinero concedido.

Esas subvenciones motivaron el fin de la carrera pública del ya ex director regional de Empleo Juan Navarro, quien dimitió el 22 de diciembre tras conocerse que había adjudicado, entre 1989 y 1991, 42 ayudas por 235 millone a un grupo empresarial con el que antes había estado relacionado. Navarro aún no ha sido sustituido. Una de las empresas matriz del grupo, Ibercoop, fue fundada por él, y otra, Hades 87, le contrató como profesor para un curso.

El estudio jurídico elaborado en la Consejería de Economía afirma que puede considerarse intencionada la presentación de unos "simulacros de estudios" por parte de este grupo empresarial. "

[Los estudios] no se ajustan a los proyectos presentados, están copiados unos de otros, hasta el punto de no sustituir las denominaciones de las empresas ( ... ) tendentes a acreditar de manera puramente formal el cumplimiento de los requisitos de la ayuda", resume el informe.

Estudios no realizados

Los dirigentes de la Comunidad entienden que, en todos los casos subvencionados (22 en tres años), los "estudios para cuya realización, se concedieron las subvenciones no se realizaron".

La relación entre todas las empresas del grupo Ibercoop que defraudaron a la Comunidad hace pensar a los juristas regionales que existe "un único fraude de subvenciones perpetrado por el mismo grupo de personas". "Esta tesis de un único delito, cometido a través de una pluralidad de instrumentos, permitiría incriminar incluso a aquellos que obtuvieron subvenciones inferiores a 2,5 millones de pesetas", explican.

La Consejería de Economía ha rescatado una sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 1992, para reforzar sus acusaciones de presunta estafa. La sentencia afirma: "La obtención y disfrute fraudulento de subvenciones presenta similitudes morfológicas con el delito de estafa común. La estafa existe en cuanto que se produce el desplazamiento patrimonial indebido y el consiguiente enriquecimiento injusto en virtud de la maniobra engañosa desplegada por el procesado ( ... )".

La comisión que investigó el caso Ibercoop tan sólo se atrevió a remitir la documentación al Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por si se hubiera producido algún delito.