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Belloch explicará en el Congreso cómo se tramitaron las entrevistas de Sancristóbal en TVE y dos diarios

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, pidió ayer comparecer urgentemente en el Congreso "para informar de las circunstancias relativas a las entrevistas; concedidas por Julián Sancristóbal", ex director general de Seguridad, a TVE, EL PAIS y Abc. El nuevo periodo de sesiones no comienza hasta febrero y será preciso celebrar una reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, probablemente el próximo jueves, cuando Belloch regrese de Israel y Palestina. Para la responsable de Asuntos Penitenciarios, la intervención de su departamento en el caso fue "transparente y ajustada a derecho", y añadió que "sólo lo prohibido se puede prohibir", circunstancia que, según ella, no concurre en esta ocasión.

La solicitud del Gobierno entró en el registro de la Cámara poco después, de que el Grupo Popular, Izquierda Unida y el Grupo Mixto solicitaran la convocatoria de la Diputación Permanente 'del Congreso, que hubiera debido reunirse al contar dichos grupos con votos sobrados para ello, con el objetivo de debatir la comparecencia de Belloch.El escrito de IU y el Grupo Mixto considera las declaraciones de Sancristóbal como una "agresión del Gobierno a la independencia del Poder Judicial". Federico Trillo, portavoz del PP en la comisión de Justicia, calificó de "singular e irregular" la decisión de autorizar las entrevistas, sin contar con el consentimiento expreso del juez. Por contra, el Grupo Socialista estima, según la diputada Arantxa Mendizábal, que la petición de comparecencia de Belloch demuestra que "no ha habido ninguna circunstancia que haga que este tema se desborde o haya algo que ocultar".

Además de exigir la comparecencia de Belloch, Trillo retó a éste a desautorizar las entrevistas al ex director do la Seguridad del Estado, abominar de su contenido e instar al fiscal del Estado a actuar contra Sancristóbal por haber acusado a Garzón de conspirar contra el presidente del Gobierno, Felipe González.

Según Trillo, "Belloch está desde ayer en la trama de la ocultación de las responsabilidades políticas del Gobierno en el caso propiciar " las declaraciones de Sancristóbal. Rosa Aguilar, de IU, calificó de "espectáculo lamentable" la entrevista a Sancristóbal en TVE que, "más que actuar como una televisión pública, estaba cumpliendo órdenes de La Moncloa" e indicó que la misma se inscribe "en la campaña que se ha desatado desde las filas, del PSOE para desprestigiar a Garzón".Prohibiciones

Frente al aluvión de críticas de la oposición, la secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, afirmó que "sólo lo que está prohibido se puede prohibir". Después añadió que la Ley de Enjuicia miento Criminal y, el Reglamento Penitenciario no impiden que un detenido en prisión preventiva pueda conceder entrevistas, salvo que así lo disponga taxativamente el auto de prisión dicta do por el juez.

Fernández Felgueroso reiteró que Garzón no expresó su opinión acerca de la consulta que le hizo su departamento sobre las solicitudes de la prensa para hablar con Sancristóbal. Dijo, además, que la secretaria del magistrado telefoneó al director de la prisión de Alcalá-Meco, Jesús Calvo, para transmitirle en nombre de éste: "Hagan lo que quieran; el juez' no tiene nada que decir".

Según la máxima responsable de las prisiones, su departamento es el competente para autorizar entrevistas con - los'presos preventivos, salvo que haya orden judicial de que estén incomunicados. Para avalar esta posición, Fernández Felgueroso se apoya en los artículos 523 y 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 30 del Reglamento Penitenciario. "Nuestra actuación fue. transparente y ajustada a derecho", proclamó.

Aunque estima que en casos como los de Sancristóbal no es necesaria la autorización judicial, Asuntos Penitenciarios instauró hace un año un mecanismo consistente en requerir "el parecer" de los jueces, por si estos estiman inconveniente que el recluso haga declaraciones públicas. La Administración dice que siempre ha acatado la opinión de los magistrados.

El 30 de diciembre, Instituciones Penitenciarias requirió la opinión de Garzón, a través de un escrito enviado por fax, sobre la conveniencia o no de autorizar a Julián Sancristóbal a hablar con dos redactores de Abc. El juez devolvió el escrito 46 minutos después, por el mismo procedimiento, sin hacer la menor anotación.

"Interpretamos que si el juez se hubiera opuesto [a que San Cristóbal hablara con la prensa], nos lo habría dicho", declaró Fernández. Ésta recordó que "la ley obliga a facilitar el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales" a los presos que no los tengan limitados. El secretario general de los socialistas vizcaínos, Nicolás Redondo Terreros, dijo que Sancristóbal "no está procesado y tiene derecho a expresarse", igual que ha hecho el subcomisario José Amedo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de enero de 1995

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