Las convulsiones del PSOE de Alcorcón desatan escándalos diarios

Desde hace dos semanas, el Ayuntamiento de Alcorcón (144.000 habitantes) se desayuna cada día con escándalos que protagonizan, miembros de esa corporación. A raíz de la destitución el pasado 30 de diciembre del director de servicios de Personal, Felipe Guerra, y de la dimisión, "por solidaridad", de sus áreas de los cuatro concejales guerristas, la crisis en la familia socialista gobierna los destinos del consistorio. El lunes se celebrará un pleno extraordinario para aprobar si se crea una comisión que investigue las denuncias que afectan a varios cargos socialistas.El primer caso que se supo fue que la hija del alcalde era la dueña del local donde familiares de otros dos concejales socialistas regentan sin licencia el disco-bar Tron. Luego, que el alcalde, Jesús Salvador Bedmar, no paga el impuesto municipal de vehículos de su coche porque no está registrado en el padrón municipal. de vehículos. El martes pasado, tras denunciar que detrás de todo estaban los concejales dimisionarios, Salvador y el primer teniente de alcalde y secretario de la Agrupación Socialista, Enrique Cascallana, acusaron, al ex concejal de Servicios Generales (uno de los cuatro que dimitieron), Antonio Martín Sabugo, de que su mujer lleva mes y medio trabajando en la empresa de limpiezas Aracas, a la que él adjudicó el servicio en todos los locales públicos de Alcorcón.

Luego le tocó el turno al secretario de Política Institucional de la Agrupación Socialista, Andrés Martín Clavero, adscrito al sector renovador y persona de confianza de Cascallana.

Reventa de parcelas

Martín Clavero, es, además, presidente de la Agrupación Extremeña de Alcorcón (Agexal). Este colectivo, constituido en cooperativa, resultó adjudicatario en concurso público de dos parcelas municipales que no llegaron a pagar. Además, un representante de un grupo inmobiliario, que prefiere permanecer en el anonimato, reconoce que miembros de Agexal y de Proyesco, una constructora próxima al PSOE que quedó segunda en el concurso, le intentaron vender las parcelas. El representante acudió en septiembre u octubre al Ayuntamiento y la asesora jurídica le dijo que se olvidara del asunto y levantó acta.

El precio que ofreció Agexal por las parcelas en el concurso era de 222 millones. La cooperativa tenía un mes de plazo para desembolsar esa cantidad. El plazo acabó en octubre pasado.

Seis,días antes del final del plazo solicitaron al Ayuntamiento aplazar el 80% a la escritura del suelo. La comisión de gobierno del 4 de octubre lo autorizó. El 17 de ese mismo mes, un informe de la técnico de Patrimonio descalifica el permiso de la comisión de gobierno por incumplir el pliego de condiciones. El pleno de diciembre aprobó quitar a la cooperativa las parcelas.