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Editorial:

Abolición total

EL RECIENTE consenso de los partidos políticos a favor de la abolición total de la pena de muerte en España, es decir, también en tiempos de guerra, muestra que la dura batalla por el poder en que están enzarzados no les insensibiliza del todo ante cuestiones de principio. En este caso, el tiempo ha jugado a favor de un consenso parlamentario que en 1978 no fue posible y en 1994 afortunadamente sí, aunque será en 1995 cuando se materialicen las reformas que expulsen del Código Penal Militar las referencias actuales a la aplicación de la pena capital.Frente a la erradicación total de la pena de muerte pretendida en 1978 por la izquierda y los nacionalistas, la tesis tortuosa de algún ilustre ponente de que el "talante abolicionista" de UCD se demostraba excluyendo la abolición del texto constitucional, puso en bandeja a Felipe González una réplica razonable: "La única manera de ser eficaces en la abolición de la pena de muerte es estar firmemente, como principio y en conciencia, contra la pena de muerte".

El triste epitafio de este discurso fue la introducción de la pena capital en el Código Penal Militar por parte precisamente de los socialistas y en plena etapa de mayoría absoluta, aprovechando que la abolición por ellos propuesta sólo pudo aprobarse con la apostilla "... salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". Por cierto que el debate constitucional mostró también el desconocimiento por parte de los políticos de la mentalidad castrense al pretender inicialmente dejar la puerta abierta a la aplicación de la pena de muerte sólo a los militares, cosa que, naturalmente, no gustó a los afectados, como puso de manifiesto en el Senado el almirante Marcial Gamboa.

Lejos de aquellas discrepancias ideológicas de fondo o incoherencias políticas de método, la realidad es que el consenso que las fuerzas parlamentarias no fueron capaces de alcanzar hace 16 años en tomo a la abolición total de la pena de muerte ha sido, logrado ahora con una votación unánime. Y si Manuel Fraga, ponente constitucional de Alianza. Popular, se expresó entonces con claridad en contra de la abolición, ha sido una senadora del PP, Rosa Vindel, quien ha invocado la atormentada literatura del reglamento penitenciario militar, que detalla el modo de ejecución dé la pena capital, pira apelar en favor de una abolición total, que todos los grupos han asumido.

Es muy probable que muchos de los que en tonces abogaban por el mantenimiento de la pena de muerte hoy se declaren contrarios a la misma. Nos congratulamos de ello porque, lo consideramos una prueba de que han ganado terreno en nuestra sociedad la piedad y la convicción de que el Estado no puede recurrir a la venganza de sangre, que no otra cosa es la pena capital.

La ubicación del artículo 15 en una parte de la Constitución cuya reforma exige la previa disolución de las Cámaras, dificultará la incorporación de nuestra Constitución a las plenamente abolicionistas. Pero ya es suficientemente satisfactorio el acuerdo unánime alcanzado en el Senado -a iniciativa apresurada del PSOE- para suprimir todas las referencias a la pena de muerte introducidas en la legislación militar en 1985 y 1989 y el compromiso adquirido de firmar y ratificar la recomendación 1246 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que España quedará obligada a abolir la pena de muerte, "tanto en tiempo de paz como, de guerra" y a "no reimplantarla en ninguna circunstancia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de enero de 1995