Los cocaleros se pliegan al plan duro de erradicación

"Aquí cultivar arroz y maíz es estar en la olla (perdido). La coca es lo único que resuelve toda necesidad", afirmó al telediario NTC, de Bogotá, Belén Arenas, joven campesina del departamento (provincia) del Putumayo, en el sur de Colombia, donde 1.500 cultivadores de la hoja habían sostenido hasta el pasado viernes un paro radical contra la fumigación de los plantíos, determinada por la operación Resplandor, concertada con las autoridades antidroga de EE UU. El plan de erradicación de cocales será el más vasto desarrollado hasta ahora en la región andina y, se sustenta en que, según la DEA, (Departamento Estadounidense Antidroga), este país concentra. el 13% de la producción mundial de coca, sobrepasando su tradicional papel de procesador de cocaína y llenando el espacio dejado por la merma de los plantíos ilícitos en Perú y Bolivia.El ministro de Gobierno (Interior), Horacio Serpa, se comprometió con delegados campesinos a que el presidente, Erneste, Samper, viajará a Mocoa, capital del Putumayo, para asistir a un consejo de Gobierno que adopte medidas de emergencia.

"Este Gobierno no necesita para nada que organicen actividades fuera de la ley, pues esa no es la forma de dialogar con el Gobierno. La Administración Samper es sensible a las necesidades de los colombianos", había dicho Serpa al negarse a conversar con los huelguistas mientras mantuvieran la toma de las instalaciones petroleras. Aunque Serpa refleja el ala más progresista del Gabinete de Samper, la operación Resplandor constituye una camisa de fuerza: por eso también afirmó que con respecto a la fumigación de los cocales con el herbicida glifosato "no hay nada que negociar. Hay una posición clara que ellos

[los campesinos] y el país conocen".

En los 17 días que duró la huelga, levantada después de que el Ejército desplazó a 1.000 soldados de las fuerzas especiales a la región y cuando el Gobierno se comprometió a atender priori tariamente reclamaciones de tipo social, la toma campesina de seis estaciones de la empresa estatal de petróleos redujo la producción diaria de crudo de 11.500 a 4.000 barriles, ocasionando pérdidas de 2,5 millones de dólares (unos 300 millones de pesetas). Hasta finales del año pasado, cuando estalló el primer paro campesino contra la fumigación aérea con glifosato en el departamento del Guaviare, que según el director de la policía, general Roso José Serrano, "es un mar de coca", parecía que el nuevo Gobierno liberal, que tomó posesión en agosto, daría un tratamiento menos represivo al problema de los cultivos ilícitos.

Sin embargo, el hecho de que los paros y las protestas contra la fumigación están alentados por la alianza entre narcotraficantes y guerrilleros que defienden una industria que, sólo en el Guaviare, les rentaría anualmente 5.600 millones de dólares, impuso la línea dura en el consejo extraordinario de la dirección nacional de estupefacientes, realizado el 22 de diciembre, donde se abrió paso la operación Resplandor. Ya no serán tres sino 12 los aviones destinados a fumigar los plantíos, generalmente intercalados con cultivos de yuca y plátano, y los sobrevuelos que se efectuaban dos veces por semana serán diarios en jornadas de 10 horas; la meta es eliminar las 40.000 hectáreas que se afirma están sembradas de coca.

Pilotos estadounidenses

La envergadura del nuevo plan fue definida por el periodista Germán Castro Caycedo, director del telediario AMPM, como de mayores alcances, en extensión y efectos sobre la población civil, que el empleado en Vietnam. En informes que preparó para la emisión del domingo, Castro Caycedo incluyó testimonios según los cuales actualmente en Colombia hay pilotos estadounidenses empeñados en la fumigación de los cocales, lo que supone una violación de la soberanía y se convierte en un factor de agudización del conflicto.

De hecho, ya en el departamento del Caquetá se dio la voz de alerta: el cabildo municipal de Florencia, la capital, se opone a la fumigación porque, según el concejal Óscar Conde, quedarían desamparadas 85.000 familias. También el procurador (fiscal) general, Orlando Vázquez, quien hasta antes de la aprobación de la operación Resplandor se opuso a la fumigación, expresó sus temores por el desenlace que pueda tener el conflicto en curso. "La utilización de la fuerza conduce a la radicalización y conlleva el riesgo de desencadenar un conflicto de consecuencias impredecibles".