El Canal quintuplica la tarifa por depurar los vertidos de las industrias más contaminantes

Quien contamina, paga. Esta sentencia, habitual en la boca de los responsables de la Comunidad de Madrid, era hasta este de imposible aplicación. Los vertidos líquidos industriales arrojados a la red de saneamiento cotizaban al mismo precio que los efluentes domésticos a pesar de su superior carga contaminante. El Canal de Isabel II quintuplicará desde este mes el canon de depuración del recibo del agua a las industrias más contaminantes.Una complicada fórmula matemática de imposible aplicación, incluida en un decreto de 1986, invalidaba el castigo económico que se intentó imponer a las fábricas que descargaran en la red de saneamiento sustancias que podían dejar fuera de servicio las depuradoras. En la práctica, el canon de depuración que pagaban industrias y particulares era, a igual volumen de vertido, el mismo.

En 1995, la situación ha cambiado. El Canal de Isabel Il y la Agencia de Medio Ambiente han desarrollado la Ley de Vertidos Líquidos Industriales aprobada en octubre de 1993 con un decreto que simplifica las cuentas para poder de forma efectiva, penalizar a quien más contamina. La tarifa, básica de depuración, que el Canal aplica en todas sus facturas, es este año de 27,17 pesetas por metro cúbico para el uso doméstico y hasta cinco veces superior si se trata de vertidos contaminantes, según explicó a EL PAÍS el director de producción del Canal, José de Castro.

"Lo que pretendemos es que la calidad de lo que depuramos sea mejor y que el sistema integral de saneamiento no sufra la agresión de vertidos muy contaminantes", aclara De Castro. La tarifa de depuración de aguas residuales consta de una parte fija (de servicio) y otra variable, que depende del mayor o menor consumo y de la contaminación vertida con los afluentes. El cálculo se efectúa con los datos entregados por las empresas y cuya veracidad es comprobada por inspectores sólo en algunos casos. Estos datos debían haberse aportado antes del 31 de noviembre en los ayuntamientos, al rellenar unas fichas para pedir el permiso de vertidos.

La Agencia de Medio Ambiente espera que la aplicación del decreto tenga "un efecto disuasorio en las industrias". Arturo Gonzalo, director de la Agencia, cree que las taritas ocasionarán consecuencias positivas: "Las empresas intentarán mejorar el tratamiento de sus vertidos para no tener que pagar más", concluye.

La fórmula simplificada que aplicará el Canal incorpora un índice de contaminación que eleva la factura a los líquidos más molestos. Para calcular el índice contaminador se miden los kilogramos de sólidos en suspensión que hay en un metro cúbico de líquido y la demanda de oxígeno de los afluentes nada más hacerse el vertido y a los cinco días. Esto último da una idea de la salud del vertido. Según unos estudios de la Agencia, en los que se realizaron auditorías ambientales a 106 empresas entre 1989 y 1992, el 63% de las industrias sobrepasaba los límites establecidos por la Ley de Aguas.