José Marco comparece ante el juez por presuntas acusaciones falsas

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista José Marco, compareció nuevamente ayer en calidad de imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en esta ocasión por haber acusado, presuntamente sin fundamento, al líder regional del Partido Popular, Santiago Lanzuela, de haberse beneficiado del cobro de comisiones legales durante su etapa de consejero de Economía en el Ejecutivo de coalición Par-PP, lo que le ha valido una denuncia por injurias.Ninguna de las partes quiso hacer declaraciones tras la comparecencia de Marco ante el magistrado Manuel Serrano Bonafonte (quien con anterioridad fue concejal de Zaragoza por el Partido Aragonés), que apenas duró 20 minutos ya que se acogió al derecho constitucional a guardar silencio. El presidente regional se trasladó hasta la sede judicial dos horas antes de la cita, para evitar ser fotografiado y filmado por los medios de comunicación.

La denuncia por injurias fue presentada por Lanzuela a raíz de las manifestaciones de Marco en el transcurso de un pleno parlamentario autonómico. El dirigente socialista puso de manifiesto diversas irregularidades ocurridas con la sociedad pública de avales Araval, durante la etapa de Gobierno Par-PP. Según Marco, se habrían cobrado comisiones a empresas que recibían la cobertura de Araval para obtener subvenciones y "alguna responsabilidad" debería tener Lanzuela en este asunto, según dijo el presidente.

Agencia de detectives

El debate estaba convocado para abordar la contratación por los socialistas de una agencia de detectives (a la que se le encargaron trabajos a tres bandas: el partido, el Gobierno y Araval, tras el cambio de dirección impuesto por el PSOE). Marco, que es también secretario regional del partido socialista, puso en marcha lo que fue denominado desde las filas de la oposición y desde dentro de su propio grupo parlamentario como "la estrategia del ventilador", provocando una fuerte tensión, intercambio de acusaciones y amenazas y una reacción de rechazo a este método, desde las filas socialistas críticas con las actitudes de Marco desde que alcanzara el Gobierno.

Izquierda Unida, además de condenar esta forma de intervenir en política, puso en conocimiento de los tribunales el posIble cobro de las comisiones, aunque criticó que Marco hiciera pública esta irregularidad muchos meses después de tener conocimiento de ella. La Audiencia de Teruel está encargada de investigar el asunto, ya que las empresas supuestamente extorsionadas o que actuaron fraudulentamente solicitando subvenciones sin ejecutar los planes de inversión, estaban allí radicadas.